Venezuela ‘se blinda’ con Ley de Infogobierno
“No podemos, ni debemos, seguir comprando ‘cajas negras’, sin saber los códigos de funcionamiento”, advirtió María Ruiz, presidenta de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información (Conati), durante el foro: Aplicación de la Ley de Infogobierno en la plataforma tecnológica del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Mppee), y sus entes adscritos.
El encuentro sirvió para reflexionar sobre las implicaciones políticas del instrumento jurídico, y el perfil de compra que deben adoptar las instituciones públicas en aras de lograr la independencia tecnológica.
La jornada comenzó con la participación de Érick Mora, director de Tecnologías del Mppee, quien destacó cómo cada vez más Estados y comunidades de emprendedores confían en las aplicaciones informáticas libres: “No estamos solos. Hay países que están implementando software libre en sus plataformas públicas, como Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina”.
A su vez, la directora de la Conati mencionó los objetivos de la Ley de Infogobierno: “Lo que buscamos es impulsar la mejora de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Además, tenemos el compromiso de asegurar que nuestra soberanía no sea vulnerada como en el año 2002”.
Ruiz remarcó los retos que tiene Venezuela para desplazar las tecnologías privativas: “No es solamente un tema tecnológico, sino un asunto político. La aplicación de la Ley asegura la verdadera operatividad de los entes del Poder Público. Porque, solo el software libre nos asegura el control de las tecnologías, y la transparencia pública; el modelo privativo es completamente dependiente. Con software libre, pasamos de arrendatarios a dueños”.
Al finalizar, la directora recordó un mensaje del presidente Hugo Chávez en el cual invitaba a todos los venezolanos a “construir un cañón, con saber y tecnologías libres, para expandir la independencia plena”.
Venezuela tiene talento para innovar
Jhon Monroy, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), confrontó el modelo de compra que tienen las instituciones públicas con el software privativo: “Tenemos que quitarnos la costumbre de comprar con modelos nada convenientes para el usuario. La propuesta de la Ley de Infogobierno es un modelo de compra distinto, eficiente, ante las necesidades de funcionamiento que tiene el Poder Público”.
Para Monroy, “la Ley de Infogobierno es una decisión de Estado para resguardar nuestra soberanía y gestionar de forma eficiente el dinero de la nación; no se trata de resoluciones individualistas. El software privativo es un alquiler infinito. Si vas a invertir dinero, por lo menos, que seas el dueño de los productos que compras”.
Sobre la dependencia que tenemos con el software privativo, alertó: ¿Qué pasa si un proveedor se ‘te cuadra’ y te dice: ‘¡O me das más plata o me voy!’?… Que nosotros no somos dueños de las tecnologías que estamos pagando. Por eso, le apostamos al software libre, como un modelo en pro de apropiarnos de las tecnologías, de adueñarnos del código fuente”.
Monroy recalcó la importancia de incentivar la producción nacional de programas informáticos libres: “De todos los dólares que pagamos para mantener licencias privativas, podríamos usar una porción minúscula, y sentar a tecnólogos venezolanos —que son muy buenos, de calidad de exportación, inclusive— para desarrollar programas en software libre; y en uno o dos años, obtener alternativas que permitan automatizar procesos sobre los requerimientos del Estado”.
En cuanto a la compra de hardware, el presidente del CNTI cuestionó: “Si tú sabes que el hardware que te venden los proveedores internacionales es completamente cerrado, ¿por qué lo sigues comprando? ¿Por qué permitimos que nos vendan máquinas que, solo, el proveedor sabe cómo funcionan? En el Poder Público tenemos cuartos llenos de hierros, sin conocer los códigos de funcionamiento. Como gestores del dinero público, debemos exigir a los proveedores que el hierro no opere, solo, con los drivers del proveedor”.
En medio del escenario político venezolano y los continuos ataques tecnológicos, Monroy pidió, a todos los que toman decisiones en el Poder Público, “analizar sus aplicaciones críticas y hacer matrices de riesgo para conocer cuáles nos hacen más vulnerables, y desde ahí construir el plan de migración”.
Software libre aliado para la seguridad
Jorge Rodríguez Rojas, superintendente de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), aseguró que, “en el 95 % de los casos de automatización de procesos, hay opciones libres —con mayor o menor grado de madurez, pero es un buen punto de partida—. Habrá casos muy puntuales donde no hay sustitutos, y para los cuales será necesario evaluar el desarrollo de programas informáticos, ya sea desde cero o a partir de las semillas que hay en tecnologías libres”.
La autoridad de Suscerte hizo hincapié en que el objetivo de la Ley de Infogobierno no es copiar los programas privativos, sino desarrollar aplicaciones informáticas en tecnologías libres que soporten los procesos que requieran los servicios públicos para una interacción ágil y eficiente con la ciudadanía, mediante operaciones automatizadas y auditables.
Con respecto a los beneficios del uso de las tecnologías libres para la seguridad de la nación, Rodríguez expresó: “La migración a software libre es una garantía importante, porque nos asegura el acceso al código, y nos permite verificar que este no tenga ‘puertas traseras’. Usar software libre es ‘blindarnos’ de los ataques cibernéticos contra el Poder Público, que mantienen una tendencia creciente”.
