Transportistas respaldan decisión del TSJ
Decenas de trabajadores del transporte de dos ruedas de Barquisimeto, capital del estado Lara, se concentraron este martes en la Plaza Bolívar de esa urbe centro-occidental del país, para celebrar y respaldar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de declarar inconstitucional la ley promovida por la derecha en la Asamblea Nacional (AN), que busca la impunidad y avala la violencia.
Los transportistas resaltaron que de esta manera se hace justicia al pueblo venezolano, especialmente a los motorizados asesinados con guayas durante los actos terroristas conocidos como guarimbas, promovidos por la derecha en los primeros meses de 2014.
"El Poder Judicial hizo verdaderamente justicia con esta decisión", qué tomó la Sala Constitucional del TSJ, aseveró Jhonny Lameda, uno de los decenas de motorizados concentrados en la plaza Bolívar.
Ese instrumento legal "avala la violencia como una forma de hacer político, razón por la cual la rechaza el pueblo venezolano, qué se vio afectado con las guarimbas del 2014", actos terroristas que dejaron como saldo 43 persona fallecidas y más de 800 de heridos, entre ellos motorizados degollados con guayas.
César Marín, otro de los trabajadores del transporte de dos ruedas concentrado en la plaza, destacó que "esa ley de la impunidad viola los derechos humanos y justifica la violencia y la muerte como herramienta política, razón por la cual la rechazamos".
El pasado 7 de abril, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, solicitó a la Sala Constitucional del TSJ evaluar la constitucionalidad del proyecto de ley referido, presentado por el partido Un Nuevo Tiempo en la AN, que promueve la impunidad y que legitima la violencia como forma de hacer política.
El instrumento legal propuesto por la derecha pretende dejar impune a los responsables de los hechos ocurridos en 2014, también a los responsables de la violencia post-electoral vivida luego de los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
Entre las razones para declarar este proyecto inconstitucional detalla el Poder Judicial en la sentencia 264 publicada en el portal web se encuentra la violación de varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las funciones de diferentes instituciones estatales, así como los acuerdos firmados por el país en materia de Derechos Humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
