Terroristas detenidos deberían ser juzgados por instancias militares
El diputado por el Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional (AN), Héctor Breña, destacó este martes que en el estado Carabobo se ha evidenciado el uso de delitos de naturaleza militar, por ende, los mismos deberían ser juzgados ante el máximo órgano de justica de dicha instancia.
Durante una entrevista en el programa Primera Página, Breña explicó que más de 200 civiles detenidos han cometido ataques contra funcionarios de los cuerpos de seguridad.
En tal sentido, explicó que la Constitución es muy clara en su artículo 261, donde se estipula que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.
Hizo mención del artículo 4 del Código Orgánico de Justicia Militar, donde se establece que las acciones civiles originadas por hechos punibles de carácter militar, o por delitos comunes sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Militares, se asimilaran en las reclamaciones a que hubiere lugar a título de costas procesales, pues estas no se consideran como penas sino que pueden hacerse efectivas contra las herederos culpables.
Agregó que según lo establecido en el mismo documento jurídico, puntualmente en el artículo 123, la jurisdicción penal militar comprende las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente.
“En Carabobo brota una serie de encapuchados con armas de alto calibre, para hacer frente a efectivos militares, con esta acción están en el ámbito de cometer delitos de naturaleza militar”, expresó.
Al respecto el Parlamentario denunció que dichos grupos terroristas que se encuentran generando zozobra en la entidad, se encuentran financiados por los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia.
Finalizó, exaltando los esfuerzos que viene ejerciendo el gobernador Francisco Ameliach, para mantener el orden público, quien se vio en la necesidad de solicitar al Jefe de Estado venezolano la activación del Plan Zamora.
