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Acuerdos de paz en Colombia estarían en riesgo
Hace ya casi un año, el 24 de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el acuerdo definitivo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Se trataba de un hito histórico para una nación sacudida por siete décadas consecutivas de guerra, a partir del asesinato del líder popular y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán.
El pueblo colombiano y Latinoamérica observaron con alegría y esperanza la firma del acuerdo mediante el cual se establecían las reglas para la dejación de armas y la conversión de las FARC en partido político. El acuerdo alcanzado tras casi cuatro años de negociaciones también incluía una serie de reivindicaciones sociales y económicas para las poblaciones mas excluidas del país.
A pesar de que la segunda guerrilla en organización del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quedaba pendiente y aún en beligerancia, había gran optimismo. Durante meses los organismos de acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) habían verificado los pasos que contemplaba el acuerdo.
Si embargo, un peligro estaba latente: la persistencia de organizaciones paramilitares que desde los 80 funcionaron como bandas de exterminio y terror contra la población. En el acuerdo se pactaron medidas para acelerar la desarticulación de estos grupos y para la protección de los excombatientes, movimientos sociales y comunidades donde se desenvolvía la guerrilla.
El riesgo de un nuevo proceso de exterminio y de ocupación de los lugares donde se ubicaba la guerrilla por las bandas paramilitares han revivido una amenaza que recuerda a los colombianos las peores etapas de un conflicto donde el solo hecho de ser defensor de los derechos humanos podía significar un riesgo muy probable de muerte.
EL ANTECEDENTE
Hasta cinco candidatos presidenciales, cuatro de la izquierda y uno del Partido Liberal fueron asesinados entre la década de los 80 y el inicio del siglo 21. Miles de activistas y dirigentes sociales asesinados. Comunidades enteras arrasadas. Muchas veces con la complicidad manifiesta de la fuerza pública. Cientos de miles de desplazados, desaparecidos. Una catástrofe social vivió Colombia.
El drama fue especialmente crudo para la Unión Patriótica, partido político concebido como puente entre las conversaciones de paz, para entonces, entre la guerrilla y el Gobierno de Belisario Betancourt. Allí confluyeron diversas expresiones de la izquierda, militantes provenientes de las organizaciones insurgentes.
Rápidamente la Unión Patriótica logró una extraordinaria influencia política en numerosas localidades colombianas. Tuvo varias de las más exitosas presentaciones electorales de la izquierda. Su mensaje y sus posibilidades de consolidar una vía política al descontento significaron una amenaza para las élites que gobiernan la nación neogranadina desde hace dos siglos.
Cuatro mil militantes de la UP fueron exterminados, entre ellos dos candidatos presidenciales, 11 congresistas, más de 70 concejales y 11 alcaldes. Una masacre por la que el mismo presidente Santos se atrevió a ofrecer disculpas de Estado el pasado año.
RESUCITA EL FANTASMA
El pasado 12 de octubre, la líder de Unión Patriótica, Aída Avella, denunció que a la sede de la organización en Bogotá llegaron nuevas amenazas de exterminio contra su dirigencia. “Nos quieren matar. Denuncio al mundo la amenaza que nos a acaba de llegar a la Unión Patriótica. Esto es grave @JuanManSantos @onucolombia”, escribió entonces Avella en su cuenta de Twitter.
La amenaza señalaba nombres y apellidos de los dirigentes de Unión Patriótica a los que se le “conminaba” a abandonar su accionar político o de lo contrario serían asesinados. El panfleto estaba firmado por supuestos integrantes de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Y si en la zonas urbanas se guardan todavía ciertas apariencias del peligro de violencia que sufre Colombia, en las zonas rurales ya es palpable la nueva oleada de crímenes políticos. Excombatientes desmovilizados de las FARC han sido asesinados, al igual que activistas sociales y de derechos humanos.
Treinta y siete excombatientes de las FARC han sido asesinados. Un informe de la organización internacional Front Line Defenders destaca que los 281 defensores de derechos humanos asesinados en el mundo durante 2016, al menos 87 eran colombianos. El corresponsal de Telesur en Colombia, Milton Henao, precisaba que en 2017 la cifra de líderes sociales asesinados en esa país ascendía a 125.
En el mes de julio el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, informó que se habían registrado 52 asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos en los primeros meses de 2017.
GRAVE RIESGO
Luego de que el optimismo y la esperanza ganaran paso a los fantasmas de la violencia, durante las últimas semanas, varias voces advierten sobre lo que acontece hoy en día en Colombia. Ayer, el Partido Comunista Colombiano y la Unió Patriótica emitieron un comunicado conjunto en el que advierten del “grave riesgo” en el que se encuentra el Acuerdo Final de paz.
Advierten que “al boicot legislativo se han agregado las masacres de la fuerza pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el sur-occidente colombiano. Los seis excombatientes desarmados asesinados en San José del Tapaje, el crimen de José Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de las docentes Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima, Tolima, de Benicia Tobar, en Guachené, Cauca y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca, entre otros, acaecidos con pocos días u horas de diferencia; las amenazas a la dirección nacional de la Unión Patriótica y el atentado frustrado al compañero Omar Romero en Cali, no pueden seguir siendo clasificados como hechos aislados por el Estado colombiano, que se coloca de espaldas a sus responsabilidades constitucionales”.
En el caso del marco legal que debe aprobar el Congreso para sostener el acuerdo de paz, el principal foco de sabotaje continúan siendo las fuerzas parlamentarias del uribismo y de grupos cercanos a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Santos.
“La ofensiva del Fiscal General, de Cambio Radical y Centro Democrático en el Congreso complementa la política de guerra a los cultivadores de coca por parte del Ministerio de Defensa, al margen y abiertamente en contra del compromiso estatal con el Punto IV de Acuerdo Final”, agrega el comunicado del PCC y la UP.
Precisamente el tema de la erradicación forzada de cultivos ha puesto el foco en la fuerza pública. Para el año 2016, se incrementaron en 52% las áreas destinadas al cultivo de coca (en Colombia no es un producto de consumo anscestral, su producción está destinada básicamente a la producción de cocaína). En los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander se concentra la mitad de la producción.
La reciente masacre de Tumaco, en la que fallecieron siete campesinos, presuntamente acribillados por las cuerpos de seguridad del Estado colombiano, tiene relación con las políticas de erradicación forzada que estaban limitadas por el Acuerdo de Paz.
