El deterioro del sistema de pensiones obliga a usar el Fondo de Reserva en España
El hundimiento del mercado laboral ha arrastrado consigo a las cuentas de la Seguridad Social.
El hundimiento del mercado laboral ha arrastrado consigo a las cuentas de la Seguridad Social. Tal ha sido el desplome que este año —el quinto de la crisis— el Ejecutivo ha decidido recurrir al Fondo de Reserva para pagar las pensiones ya en 2012, ha tenido que renunciar a su promesa de rebajar un punto las cotizaciones sociales para el próximo año y ha forzado nuevas reformas del sistema —cuando todavía no ha entrado en vigor la última— que contengan rápidamente el aumento del gasto, según anunciaron este jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos. A pesar de esto, el Gobierno no ha renunciado a su intención de subir un 1% las pensiones. Pero este incremento puede quedarse muy corto y no evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo si al final el Ejecutivo no revisa las pensiones según la evolución de los precios, un compromiso que este jueves Montoro evitó asumir. Será la primera vez que un Gobierno eche mano del Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, para poder pagar estas prestaciones. En julio, la Seguridad Social ya tuvo que gastar los 4.600 millones sobrantes de la gestión de las mutuas. Ahora utilizará otros 3.063 millones. La ley le impide usar más dinero de los 69.187 millones que se han ahorrado desde 1997.
Los números rojos, que este año superarán los 6.000 millones, también han llevado al Gobierno a renunciar a su promesa de reducir un punto las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. Lo hace apenas dos meses después de comprometerse a ello. Cada punto de recaudación de cuotas sociales suponen unos 3.000 millones y renunciar a ese dinero en este momento agravaría más la situación. En cambio, Rajoy sí que cumplirá el compromiso de asumir todo el gasto de la Seguridad Social que no proviene de las cotizaciones (pensiones no contributivas o complementos a mínimos), lo que supone que Hacienda aportará 15.554 millones en 2013 al instituto público.
Pese a la precariedad financiera, los presupuestos de 2013 contemplan un aumento de las pensiones del 1%. No obstante, Montoro evitó aclarar si se actualizarán las pensiones en noviembre según los precios. “Sigue vigente la normativa de revalorización”, declaró. Cuando se le preguntó directamente si asumía el compromiso de mantener la norma, dijo: “Las normas siguen vigentes y estamos en el momento de la presentación de los presupuestos”.
Si el Gobierno decide no actualizar las pensiones según la inflación de noviembre, y el IPC sigue creciendo (ahora, en el 2,7%), la subida del 1% no evitaría que los pensionistas perdieran poder adquisitivo, ya que este año las prestaciones también subieron un 1%. Cada décima de desviación supone un coste para las arcas del estado de unos 100 millones. Así que si finalmente la inflación en noviembre llega al 3%, como prevén la mayoría de analistas, el coste se aproximaría a los 2.000 millones, a los que habría que sumar otros 2.000 millones para consolidar esa diferencia en la nómina de las pensiones del próximo año.
Los portavoces del Gobierno tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de presupuestos para 2013 tenían interés en subrayar que el gasto en pensiones es de los pocos que crecen. En concreto, subirán un 4,3%, hasta los 111.310 millones. Querían destacar que el gasto social, en el que las pensiones suponen la partida principal, suponía un 63,6% del total del presupuesto consolidado. Lo que sucede es que para hacer ese cálculo sacaron fuera los más de 38.000 millones que se lleva el pago de intereses de la deuda.
Pero incluso antes de que los presupuestos entren en vigor, el Gobierno pondrá en marcha dos reformas de la Seguridad Social. La primera reforma cambiará la jubilación anticipada y la jubilación parcial “para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal”. La otra consistirá en definir y adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una fórmula que revisará constantemente los principales parámetros de jubilación (edad de jubilación, periodo de cómputo, revalorización anual). La anterior reforma de jubilación fijó su definición para 2027 y su puesta en marcha para 2032.
