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Resolución 008610 preserva la seguridad del país y los derechos humanos (+Audio)

Si bien indicó que hay que revisar y especificar bien los artículos propuestos en esta Resolución, por el cómo se han desarrollado este tipo de convocatorias a manifestaciones públicas, en donde solo han generado hechos de violencia y victimas fatales; se conlleva a la necesidad de crear una normativa que vele por la seguridad de la nación.

El Diputado, miembro de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, lamentó la muerte del estudiante tachirense; a su vez que aseguró que Gobierno Nacional ejecuta acciones para que el funcionario responsable de este hecho sea castigado con el peso de la Ley.

“Es lamentable la muerte de este adolescente, en todo caso el Gobierno Nacional ha informado al país que se encuentra ejerciendo acciones para que el funcionario responsable se enfrente a la ley (…) quedando claro que en ningún caso se va a proteger o ser cómplice de funcionarios que cometan delitos como se hacia en otros gobiernos”, apuntó.

Chávez repudió la matriz de opinión generada en las redes sociales, en la que se pretende desvirtuar los objetivos de la Resolución Nº 008610, que establece el uso de armas supresoras en manifestaciones públicas.

Si bien indicó que hay que revisar y especificar bien los artículos propuestos en esta Resolución, por el cómo se han desarrollado este tipo de convocatorias a manifestaciones públicas, en donde solo han generado hechos de violencia y victimas fatales; se conlleva a la necesidad de crear una normativa que vele por la seguridad de la nación.

El parlamentario afirmó que esta normativa se adecuará a lo establecido en la Constitución Nacional, en la que está explicita la prohibición de porte y uso de armas en manifestaciones públicas.

“Hay que adecuarla sobretodo frente a la coyuntura política que se vive en país, donde la derecha no dejará de atentar contra la estabilidad de la nación, hasta no tomar el Poder (…) hay que preservar la seguridad del país y los derechos humanos”, dijo.

La referida resolución, publicada en la Gaceta Oficial 40.589 de fecha 27 de enero de 2015, tiene como objeto garantizar el orden público, la paz social y convivencia ciudadana, así como "proteger los derechos humanos y garantías de las personas que participan en las reuniones públicas y manifestaciones, así cómo, de las demás personas y la sociedad en general", indica el numeral 2 del artículo 1 de dicho documento.  

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