¿Quién garantiza la Paz?
Un guiño de burla marcó la mirada del diputado Juan Miguel Matheus, de Primero Justicia, mientras le explicaba a Vladimir Villegas y al público de Globovisión, que el único responsable de garantizar la paz era el gobierno. Es decir, que si un grupo de personas se agavilla frente a un ente público, actúa con violencia, causa destrucción y genera un enfrentamiento que pueda ser grabado por los medios internacionales y funcione como una excusa para solicitar la aplicación de la Carta Democrática, la culpa debe recaer en el encargado de defender el orden y el bienestar colectivo. Por cierto, el parlamentario aurinegro, señaló que la Fuerza Armada debía ser garante del accionar de su grupo político y no debía meterse en su acción de protesta.
En la Constitución del 61, se hace hincapié en el derecho del individuo, por lo tanto puede manifestar libremente siempre que esté desarmado y no viole la ley. Y en el artículo 132 establecía que las Fuerzas Armadas Nacionales era una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier obligación.
En contraposición, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), todos tenemos derecho a participar libremente en los asuntos públicos, pero con un aditamento adicional: esa participación es corresponsable. Eso significa que si marchamos y manifestamos no atentamos contra el orden constitucional, no generamos caos ni deterioramos los espacios y las propiedades públicas ni privadas.
Además, el 326 dice que la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia (no estar en complicidad con potencias extranjeras para violentar la vida de los venezolanos), democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental (sin estar quemando los árboles en nuestras avenidas y calles), y afirmación de los derechos humanos.
Por otra parte, cuando se trata de la Fuerza Armada Nacional (porque ahora es singular y no plural, es una, integrada, unificada) el 328 la define como una institución esencialmente profesional, sin militancia política (no forman parte de ninguna agrupación partidista), organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional (económica, productiva, con responsabilidad social y cultural). Porque ahora los militares no son eunucos sociales, ahora votan y participan activamente como personas también corresponsables.
Y como si fuera poco, los miembros de la FANB cuentan con el artículo 61, el cual le da el derecho a la libertad de conciencia. No son máquinas de represión, ya no. Aquella fuerza cuartarepublicana que desde los Teatros de Operaciones torturaron, fusilaron y violaron una Constitución cuyas garantías estuvieron suspendidas durante dos décadas, ya no existe. Ahora tienen responsabilidad no sólo como institución sino como individuos, como personas, y ninguno puede anteponer al bien común, las necesidades de individualidades.
Por eso, y en contra de la visión clasista de la oposición, ahora los responsables de la Paz, así con mayúscula, somos todos, civiles y militares, y quien atente contra el bienestar colectivo, contra los derechos intangibles, contra los bienes del Estado o de los privados, quien intente saltar la normativa legal e imponerse a la fuerza, está atentando contra la Nación. Una Nación que sólo ansía la Paz y quien atente contra ella debe atenerse a las consecuencias que fueron materializadas por los constituyentistas y aprobadas por la voluntad de la mayoría.
