Pueblo zuliano esperaba cierre en Paraguachón
Es un cumplimiento del Gobierno Nacional al llamado que hicieran colectivos zulianos para concretar el cierre de la frontera colombo-venezolano en Paraguachón, ubicado en el municipio Guajira del estado Zulia, medida de seguridad fronteriza ordenada por el presidente Nicolás Maduro recientemente, para combatir el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia y la violación de los Derechos Humanos que le son propinados a la población, esencialmente indígena.
En esta zona fronteriza combina la territorialidad estratégica de los municipios Mara, Almirante Padilla y Guajira, decretados Estado Excepción por el mandatario nacional.
Según la profesora Esther Macías, presidenta de la Fundación Zuliana de Estudios Fronterizos, ente adscrito a la gobernación bolivariana de la región precisó por lo menos dos aspectos fundamentales para comprender y valorar esta toma de decisión que centra su objetivo fundamental en tener una nueva frontera de paz y soberana. “El pueblo zuliano estaba esperando con ansias que el presidente configurara la propuesta de cierre de la frontera”.
Explicó Macías que el gobernador zuliano había designado una comisión para analizar desde el punto de vista de la teoría política, como principal fundamento la situación fronteriza en el estado, destacó que se examinaron las características del decreto que perfilan valores de coordenadas geográficas, el componente étnico, los compromisos de gobierno de binacionalidad de la etnia wayuu, entre otros.
La experta en el tema colindante entre ambas naciones distinguió como elemento sociopolítico el caso fronterizo zuliano, al del estado Táchira, puesto que son “fuerzas internas que siempre han estado en contra del proceso bolivariano y han acumulado un cierto grado de presencia que se han manifestado como cuando se dieron las guarimbas”, y en el caso tachirense son “fuerzas exógenas”.
Señaló como segundo elemento a considerar el fenómeno del paramilitarismo, indicó que “no es un problema endémico de Colombia”, refirió que a nivel mundial se ha manifestado el paramilitarismo como privatización de la guerra, es un hecho histórico del que la oligarquía colombiana ha hecho muchos intentos de anexión con el territorio venezolano para buscar una salida de sus productos hacia Europa por el Lago de Maracaibo.
Asimismo, en el reconocimiento de los Derechos Humanos garantizados por el Gobierno venezolano, colectivos wayuu en Zulia apoyan la medida de seguridad fronteriza de paz. José Castillo, integrante de la Fundación para la Integración de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado Zulia (FUNDIDHEZ), aportó en sus reflexiones “nosotros como organización no gubernamental apoyamos esta decisión en aras de que de una vez por todas se acabe el delito que desangra a nuestro estado y a la comunidad sobre todo a la población wayuu que lo que deja es pobreza, miseria y soledad”.
La fundación que trabaja a la par de la Defensoría del Pueblo apoya la creación de un corredor migratorio, además de brindarse colaboradores en la observancia del trato que recibe la población que vive en la frontera. José Castillo manifestó estar claro en la intención de manipulación mediática de grandes medios en crear una matriz de opinión pública negativa, en cuanto a las decisiones tomadas por el presidente Maduro, agregó “nosotros luchamos también para que nuestra realidad sea conocida”.
En esta necesidad, se despliega el operativo de seguridad a través de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para combatir el fenómeno paramilitar auspiciado por Álvaro Uribe y sus mafias.
Finalmente, la profesora Macías afirmó que “Uribe se prestó precisamente a que Colombia fuera el gran laboratorio de lo que hoy llamamos paramilitarismo”.
La crisis social y económica que vive la nación colombiana se ha reflejado en el éxodo de población neogranadina y obedece esencialmente a esta gran problemática desatendida históricamente por los gobiernos colombianos, después del asesinato en 1948 del líder político Jorge Eliécer Gaitán.
