Privados de libertad vicepresidente de Bolipuertos y dos inspectores
Asimismo, los fiscales del caso solicitaron la medida de bloqueo e inmovilización de las cuentas y los bienes de los imputados, sin embargo, el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas se negó a acordar esta medida
El vicepresidente de la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González y dos inspectores navales, adscritos a este organismo del Estado y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, fueron privados de libertad por la presunta compra irregular de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.
González está siendo imputado por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios. Mientras que los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazabal y Luis Pagua son acusados por ser facilitadores en los dos primeros delitos.
De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Público (MP), González, Urbáez y Larrazabal fueron remitidos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en El Helicoide, en Caracas.
Mientras que Pagua deberá presentarse cada ocho días ante el Tribunal 10º de Control de Área Metropolitana de Caracas y no podrá salir del país. Esta medida fue dictada debido a sus 75 años de edad.
Asimismo, los fiscales del caso solicitaron la medida de bloqueo e inmovilización de las cuentas y los bienes de los imputados, sin embargo, el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas se negó a acordar esta medida.
El 23 de enero del 2015, autoridades de Bolipuertos denunciaron ante el Ministerio Público que estas personas, a finales del año 2013, habían autorizado la adquisición irregular de tres naves a empresas españolas.
Luego de diversas investigaciones coordinadas por el Ministerio Público se determinó la vinculación de González, Urbáez, Larrazabal y Pagua con ese hecho.
Entre el pasado viernes 17 y sábado 18 de abril, se logró capturar a los hombres en diferentes zonas del territorio nacional, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la instancia judicial.
