Privado de libertad exfiscal del MP por extorsión en Anzoátegui
A solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad la exfiscal 42º Nacional, Berlice Castaña, el exfiscal 17º de Anzoátegui Tomás Eloy Armas, su hermano Tomás Antonio Armas, la abogada de Consultoría Jurídica de Refinería Oriente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Anzoátegui, Karen Valera y Jorge Romero por su presunta responsabilidad en un caso de extorsión.
Tal hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre en las instalaciones de la Gerencia de Servicios Logísticos de la mencionada entidad federal.
En horas de la mañana del citado día, funcionarios del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, aprehendieron a Varela en compañía de Tomás Eloy Armas y Romero en el Campo de Guaraguao durante una entrega controlada. Vale señalar que durante ese procedimiento les fueron incautados los teléfonos personales a los ahora imputados para colectar elementos de interés criminalístico.
Castaña fue aprehendida ese mismo día en las instalaciones de la Fiscalía Superior de Anzoátegui. De igual forma le fueron incautados dos equipos celulares.
Por su parte, Tomás Antonio Armas se presentó voluntariamente en la sede del Conas, ubicada en Puerto La Cruz.
De acuerdo con la investigación, Castaña habría solicitado a funcionarios de Pdvsa la suma de 400 mil dólares estadounidenses a cambio de beneficios procesales en una investigación de presuntas negligencias. Finalmente redujo la cantidad a 120 mil dólares y pretendió recibirlos a través de Valera, Armas y Romero.
En la audiencia de presentación la Fiscalía 69ª Nacional imputó a Castaña, Valera, los hermanos Armas y Romero por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, asociación agravada y terrorismo.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control de Anzoátegui dictó privativa de libertad en contra de las dos damas y los tres hombres, la cual cumplirán en la sede de la Policía Municipal de Urbaneja, en el caso de las féminas; mientras que los hombres permanecerán en la sede del Conas en Puerto La Cruz.
Adicionalmente, se solicitó la prohibición de gravar y enajenar bienes; así como la inmovilización de cuentas bancaras. Dichas medidas fueron acordadas por la citada instancia judicial.
