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Presidente de Ecuador extiende estado de excepción por 60 días

Con esta nueva disposición, el país acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde la llegada de Noboa al poder

Un nuevo estado de excepción por 60 días, decretó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para cinco provincias y tres cantones del país alegando “grave conmoción interna” ante el incremento de la violencia y la actuación de grupos criminales.

El Decreto Ejecutivo 202 suspende algunos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. El decreto rige sobre las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

El Gobierno argumenta que estas zonas presentan “altos índices de criminalidad” y que sirven como “centros de logística y resguardo” para las organizaciones armadas, vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Desde enero 2024

El mandatario ya había declarado la existencia de un “conflicto armado interno” para facultar la intervención militar contra bandas calificadas como “terroristas”. Sin embargo, la Corte Constitucional cuestionó la medida por falta de sustento jurídico y pruebas que justificaran la existencia de una guerra interna.

El país registra más de 7.400 muertes intencionales entre enero y octubre de 2025, lo que equivale a un asesinato por hora, según datos oficiales. De continuar la tendencia, 2025 podría convertirse en el año más violento de la historia moderna ecuatoriana.

El Centro Nacional de Inteligencia habría elaborado un informe el 29 de octubre que detalla la “injerencia geográfica” de los grupos criminales y la utilización de territorios estratégicos para el tráfico de armas y drogas. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el contenido del informe ha levantado críticas de juristas y organizaciones sociales que cuestionan la legalidad y la eficacia de medidas excepcionales repetitivas que no atacan las raíces del conflicto social ni el deterioro institucional.

Desde 2024, Noboa ha apostado por una política de mano dura y control territorial militarizado, respaldada por Washington en el marco de la cooperación antidrogas. Diversos analistas señalan que esta estrategia ha profundizado la crisis de derechos humanos y debilitado la autoridad civil sobre las fuerzas armadas.

Fuente: VTV/YVKE

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