Piedad Córdoba solicita revisar actuaciones del exprocurador Alejandro Ordóñez
"Debería ser sancionado, voy a revisar sus actuaciones y diferentes declaraciones para determinar qué acciones vamos a tomar (…)", señaló la exsenadora colombiana
La exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, solicitó e, miércoles al Congreso de la República de Colombia a realizar un debate sobre las actuaciones y decisiones tomadas por el exprocurador general Alejandro Ordóñez, durante su gestión, cargo que ocupó desde el enero 2009, en su primer período, hasta el 8 de septiembre del presente año.
"Debería ser sancionado, voy a revisar sus actuaciones y diferentes declaraciones para determinar qué acciones vamos a tomar (…) Pero si deberían revisarse todas sus decisiones porque se llevó por delante a mucha gente simplemente porque no estaban de acuerdo con él", indicó Cordoba en una rueda de prensa, citada por Caracol Radio.
Tras haber sido habilitada el martes por el Consejo de Estado de Colombia –orden que le permite volver a ejercer plenamente algún cargo público– Córdoba indicó que no hubo pruebas, ni testimonios para ser acusada de "participación indebida en la política", reseñó Telesur.
"Mi caso se convierte en un caso icónico de persecución. Mucha gente no tiene la oportunidad de defenderse como lo hice yo", dijo, citada por Telesur.
La Procuraduría General colombiana había emitido sobre Córdoba una sanción que la inhabilitaba por 14 años por presunta "participación indebida en política", irregularidades en el Partido Liberal, y supuesto financiamiento írrito de la campaña a su asesor, Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes, indica el canal multiestatal.
En la Sección Segunda de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado estudió el caso y encontró que dentro del proceso no habían pruebas que demostraran que Córdoba incumplió ley alguna, refiere la instancia en una nota de prensa.
En este sentido, Córdoba indicó nunca dejó ejercer su participación política en defensa de los diálogos de paz promovidos por el Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército de Pueblo (Farc-EP), para poner fin del conflicto armado que se ha prolongado por más de 50 años.
"Nunca dejé de hacer política, me dediqué a lograr la liberación de 30 personas en poder de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, a colaborar con el proceso de conversaciones de La Habana en momentos de dificultades, a servir de apoyo para la consolidación de nuevos movimientos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos", indicó, citada por Prensa Latina.
La primera sanción sobre la excongresista fue emitida por el procurador Alejandro Ordóñez, por cargos relacionados a presuntamente instar y promover la Farc-política (de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y por supuesta extralimitación de sus funciones como facilitadora de paz, sanción que la inhabilitaría por 18 años y que fue revocada el pasado 9 de agosto por el alto tribunal, refiere El Espectador.
