Panamá: Ordenan detención de expresidente Ricardo Martinelli
El exmandatario se mantiene prófugo desde el pasado mes de enero y tiene al menos seis expedientes abiertos por corrupción
El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli, quien evade la justicia desde el pasado mes de enero bajo acusaciones de escuchas ilegales durante su Gobierno, entre los años 2009 y 2014.
La medida tiene fundamento “en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre"; cuando Martinelli no acudió a declarar por los supuestos hechos que se le atribuyen; en los que se habría espiado a más de 150 personas, entre ellas periodistas, políticas y empresarios.
El proceso de discusión entre los magistrados inició alrededor de las 15H00 locales (20H00 GMT) y se extendió hasta las 22H40 (03H40 GMT); al final se decidió autorizar la orden de detención provisional como solicitó el magistrado fiscal Harry Díaz.
“Es notorio que la actitud asumida (por Martinelli) de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue”, consideró en pleno la CSJ en la declaración final.
De igual forma, señala que “existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales” del expresidente, quien se encuentra en Estados Unidos, según sus abogados defensores.
El caso
Actulamente Martinelli es diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que sólo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Los cargos por violación a la privacidad y malversación de fondos públicos podrían acarrearle, al menos, 21 de años de prisión.
El acusado alega que es un perseguido político del presidente Juan Carlos Varela; mientras que la justicia panameña tiene seis expedientes abiertos a Martinelli por distintos casos de corrupción.
Martinelli decidió huir de Panamá el pasado 28 de enero cuando la justicia panameña abrió la primera causa penal en su contra, por la presunta compra de alimentos con sobreprecio a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN).
