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Nicaragua expulsó a miembros de la CIDH por violar soberanía

Gobierno de Nicaragua señalan que los representantes internacionales construyeron una "plataforma de divulgación de información falsa

El Gobierno de Nicaragua expulsó este miércoles a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que se encontraba en la nación desde el pasado mes de abril, con el objetivo de conocer la realidad de los hechos ocurridos durante ese período, caracterizado de acciones violentas promovidas por sectores minoritarios de la oposición nicaragüense para desestabilizar al país.

"El Gobierno de Nicaragua ha actuado de buena fe, esperando imparcialidad y objetividad, manteniendo expectativas de verdaderos y reales aportes que coadyuvaran a nuestros esfuerzos para promover la paz y la seguridad al pueblo nicaragüense. No obstante, estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de EE.UU. en contra de Nicaragua", expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, citado en una nota del portal Actualidad RT.

Moncada señaló que esta decisión se le informó al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el que se había firmado un acuerdo en mayo pasado, con el fin de contar con miembros del CIDH que se encargaran de apoyar las investigaciones, de forma imparcial, "los sucesos relacionados con el intento de golpe de Estado, que fue violentado en reiteradas ocasiones".

En la misiva — refiere Actualidad RT —, el Gobierno de Nicaragua señalan que los representantes internacionales construyeron una "plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país".

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el 18 de abril, cuando estallaron protestas contra reformas gubernamentales al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones en medio de una agresiva campaña mediática y manipulaciones contra el Ejecutivo.

Además de los asesinatos, que se calculan casi 300 fallecidos, estos grupos vandálicos ha generado daños a bienes públicos que superan los 182 millones de 599 mil dólares.

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