Multan local de repuestos para motos
La Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundee) multó este martes a los dueños de un comercio dedicado a la venta de repuestos para motocicletas, ubicado en la avenida Nueva Toleda de Cumaná, estado Sucre, por remarcaje de precios e información insuficiente en la estructura de costos.
La sanción aplicada fue de 1.000 unidades tributarias, equivalentes a 150.000 bolívares, además del reajuste de precios, precisó el coordinador regional del organismo, Mauricio Mudarra, de acuerdo con una nota de prensa de la Gobernación.
La fiscalización se realizó como respuesta a numerosas denuncias por parte de habitantes de las comunidades adyacentes y el frente de motorizados de la entidad.
El boletín agrega que los operativos en la entidad oriental continuarán para garantizar al pueblo el respeto a sus derechos socioeconómicos.
Durante el primer semestre de 2015, la Superintendencia realizó un total de 32.748 fiscalizaciones en todo el territorio nacional y procesó 35.719 denuncias a través de los diferentes canales dispuestos para reportar los ilícitos que atentan contra los derechos socioeconómicos de la familia venezolana, refirió la Dirección Nacional de Fiscalización de la instancia en nota de prensa.
Del total de denuncias, 24.788 se registraron a través de la línea telefónica 0800- LOJUSTO (0800 565 8786), 6.631 se plantearon de forma presencial en las coordinaciones estadales y 3.953 a través de los inspectores populares. Igualmente, se ha puesto a disposición en la red social Twitter la cuenta @sundde_ve.
El organismo exhorta a la población a velar por la soberanía económica del país y combatir los ilícitos que violenten la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece que las ganancias de los que ejerzan actividades económicas en el país no deben exceder de 30 % de la estructura de costos y fija severas sanciones administrativas y penas privativas de libertad para los infractores.
La labor de la Superintendencia es clave en la lucha contra la guerra económica, emprendida por sectores de derecha desde 2013, a través de ilícitos como el acaparamiento, especulación y contrabando de extracción, con el objetivo de generar caos y zozobra entre la población.
