En un acto que ha causado gran consternación en el país, más de 12.000 pacientes renales han quedado sin tratamiento tras el bombardeo de Estados Unidos a los almacenes del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), donde se resguardaban insumos esenciales para la diálisis. La ministra del área, Magaly Gutierrez, informó sobre esta grave situación, señalando que esta acción pone en riesgo la vida de más de 9,000 pacientes críticos que requieren diálisis al menos tres veces por semana.
Gutierrez destacó que, a pesar de las sanciones impuestas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro había garantizado tres meses de insumos para atender a estos pacientes vulnerables. «Ellos, sin temor a tocar a los pacientes más vulnerables, han volado nuestro material médico», afirmó, denunciando la falta de consideración hacia la vida humana en estos ataques.
La ministra también subrayó que el Gobierno Bolivariano se compromete a asegurar la atención médica a los pacientes renales afectados. «A pesar de esta agresión, nosotros vamos a garantizar la vida y la salud de nuestros pacientes renales. Para ello, créanme que vamos a dar la vida para defenderlos», enfatizó Gutierrez, reafirmando el compromiso del gobierno de proteger a los ciudadanos más necesitados en momentos de crisis.
La comunidad internacional observa con preocupación esta situación, que no solo afecta la salud de miles de venezolanos, sino que también plantea interrogantes sobre la ética de las acciones militares en tiempos de crisis humanitaria. El gobierno venezolano ha hecho un llamado a la solidaridad y la cooperación internacional para enfrentar esta emergencia sanitaria.
La situación exige una respuesta urgente y efectiva para evitar una tragedia mayor en la salud pública del país.
