Se ha vuelto común el uso de este medio como un instrumento para especular, sobre todo con productos de primera necesidad y con otro tipo de bienes regulados por el Estado , por lo que es necesario regularlo
El proyecto ley de Comercio Electrónico, aprobado ayer en primera discusión por el parlamento. busca normar las transacciones electrónicas, para combatir los delitos de fraude, especulación y usura, ya que se ha evidenciado que la guerra económica ha migrado al campo electrónico.
Este señalamiento fue hecho por el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, diputado Claudio Farías (PSUV/Miranda), proponente del proyecto, quien indicó que los comercios electrónicos veden solo a través de páginas web porque no tienen tienda física, por lo que son un mecanismo para evadir impuestos, pago de personal y cancelación de tributos al fisco.
Por esta razón, detalló el parlamentario, tanto los portales como las personas que se dediquen a la venta de bienes y servicios deberán inscribir en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), porque existe una corresponsabilidad para garantizar los derechos y la seguridad comercial al usuario.
El diputado socialista indicó que en el proyecto se establece además la obligatoriedad de emitir factura electrónica por cualquier transacción, para proporcionar al comprador el beneficio del reclamo, en caso de recibir mal servicio o defectos en el producto adquirido.
Durante su participación en el programa “Entre Todos”, transmitido por Venezolana de Televisión el diputado socialista informó que la comisión que preside ha recibido este año 400 denuncias sobre estafas cometidas por vía electrónica.
En atención a esta situación, explicó que el texto busca combatir, entre otros delitos, la estafa de la que son víctimas numerosas personas que usan las páginas web dedicadas a esta actividad para comprar productos o servicios, que deben ser pagados con anticipación y que luego resultan un fraude.
Otro aspecto importante para regular esta actividad, a su juicio, es el hecho de que por esta vía se maneje un promedio de 35 millones de bolívares mensuales, monto sobre el cual el Estado no está percibiendo ningún tipo de impuesto.
Finalizó señalando que durante las próximas tres semanas esta ley ira a consulta pública con todos los sectores vinculados a esta actividad y la ciudadanía en general.
