La legitimación y legalización de los mercenarios prueba el retroceso histórico del neoliberalismo

Son muchas las evidencias de que el capitalismo en su etapa neoliberal ha significado un profundo retroceso de la humanidad a estadios que se creían superados.

En este año 2020, el flujo de los acontecimientos parece empeñarse en dar más y más pruebas de ello. Por ejemplo, si se comparan aspectos clave del bienestar de la clase trabajadora, tales como nivel de empleo, jornada laboral, ingresos netos y reivindicaciones socioeconómicas, hay que concluir que cuando nos aproximamos al final del primer cuarto del siglo XXI, la masa laboral está muchísimo peor que en la segunda mitad de la centuria pasada. Prácticamente ha vuelto el trabajo esclavizado, las personas trabajan mucho más de ocho horas diarias, ganan menos y la gran mayoría no tiene beneficios adicionales.

La pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto el dramático retroceso que, en términos de derecho a la salud, ha sufrido el pueblo trabajador en todos los países, incluso en los que gozaron en el pasado reciente de eficientes sistemas sanitarios públicos. Obreros y empleados que cotizaron disciplinadamente para sus fondos de previsión social, llegaron a la edad de jubilación y se encontraron con que no pueden disfrutar de sus pensiones porque “la mano invisible del mercado” se apoderó del sistema.

Retroceso en derecho internacional y en normas militares

En Venezuela, donde siempre tenemos la guinda de la torta, estamos experimentando en carne propia otro de los gigantescos retrocesos que el capitalismo hegemónico global (bajo la égida de Estados Unidos) ha causado en el planeta. Es el retorno a épocas en las que no existían las apropiadas normas jurídicas internacionales ni unas mínimas regulaciones para la guerra.

A propósito del intento de invasión llevado a cabo por mercenarios, paramilitares y desertores el pasado 3 de mayo, ha quedado expuesto a la luz esta tremenda retrogradación histórica.

Analicemos, en primer lugar, el hecho en sí mismo del uso de ejércitos privados en operaciones armadas contra otras naciones. En este punto, el retroceso nos envía de un solo golpe a los tiempos anteriores a la instauración de los ejércitos nacionales, inspirados en el modelo prusiano que nació tan lejos como en el siglo XVII.

Esos tiempos anteriores, en los que reinaban las tropas mercenarias, están raigalmente vinculados al feudalismo, vale decir, que esa modalidad de combatientes es de origen precapitalista. Sin embargo, como dice Marcelo Colussi en un reportaje publicado en febrero de 2019 (titulado Ejércitos privados: mercenarios legales), “la sistematización de los ejércitos modernos inspirados en el modelo prusiano terminó definitivamente con los combatientes mercenarios (no así con los psicópatas). Pero el neoliberalismo de fines del siglo XX los trajo nuevamente”.

Las actuaciones de las empresas militares no es ya una tendencia nueva. Comenzó a aplicarse hace  unos 30 años. Se crearon por varias razones. Una de ellas es que implican un lucrativo negocio para toda clase de corporaciones y personas relacionadas con el aparato militar convencional. La segunda es que usar combatientes a sueldo les evita a las élites de EE.UU. y sus socios de la OTAN el costo político de los soldados muertos en las muchas guerras e invasiones que esas potencias desarrollan para mantener boyante el gran complejo industrial-militar. Los mercenarios no cuentan como víctimas ni llegan en ataúdes envueltos en la bandera, entre otras razones porque muchos de ellos no son estadounidenses o, en todo caso, no son personal de carrera ni alistado de sus fuerzas armadas. Como dato al margen, en muchas de las compañías de mercenarios han ido a parar exmilitares dados de baja en ejércitos propios y de terceros países, paramilitares y criminales comunes previamente entrenados por carteles de la droga, sicarios al servicio de las mafias y de toda clase de organizaciones criminales.

Las empresas eufemísticamente llamadas “contratistas” han participado ya en un montón de guerras y agresiones imperiales, algunas de larga duración, como Afganistán e Irak; han cooperado en la destrucción de países como Libia, Siria, Somalia y Yemen. Como dato significativo, en este último país había en 2015 unos 450 colombianos y varias decenas de chilenos y salvadoreños uniformados como individuos de tropa de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (la coalición invasora) y recibiendo paga como supuestos obreros de la construcción, de acuerdo con un trabajo publicado en el diario español de derecha El Mundo.

Legitimación y legalización del crimen

Más allá de la existencia misma de las empresas de mercenarios y de los sórdidos orígenes de sus empleados, en el otro punto en que se observa un dramático retroceso humanitario es en la manga ancha con la que los grupos políticos autodenominados democráticos, los círculos académicos e intelectuales y la prensa global manejan el tema.

Existe un evidente propósito de legitimar la actuación de estos ejércitos no atenidos al derecho internacional ni a las normas más elementales de regulación de la guerra. Y aún más, no solo se pretende legitimar su desempeño, sino también legalizarlo.

No está claro si el documento suscrito por Juan Guaidó, J.J. Rendón y Sergio Vergara con la empresa Silvercorp es, en realidad, como han dicho algunos, el primer intento de realizar una invasión con magnicidio y genocidio incluidos mediante un contrato pormenorizado. Es posible que lo sea y no falta quien diga que fue un gesto extremadamente torpe. Pero también puede tener otra lectura: ese tipo de “instrumentos legales” son una manera de demostrar fácticamente que estamos en un planeta que ha retrocedido a tiempos anteriores a las guerras mundiales, en el que no rigen ya las normas de autodeterminación de los pueblos, en el que el arrogante imperio desempolva sus doctrinas más intervencionistas sin rubor alguno y cuenta para ello con la obsecuencia de las oligarquías latinoamericanas y la complicidad de los organismos internacionales. En ese contexto, los crímenes de lesa patria y lesa humanidad pueden estipularse en un contrato y hasta registrarlo en una notaría.

Solo en ese contexto de involución abierta puede entenderse, además, que medios de comunicación social de todo tamaño y de todo pelaje estén promoviendo debates inauditos como si es legal o no que un país sea invadido y que en el plan de operaciones de los mercenarios, paramilitares y desertores esté asesinar a su presidente y a todo el alto mando político y militar; matar a todo el que se oponga; abolir la Constitución y todas las leyes e instaurar un mando extranjero en su Fuerza Armada.

Tales debates, que se plantean como si fueran preguntas retóricas o inocentes, son una de las expresiones más perversas de la regresión política de quienes dominan el segmento de la derecha en nuestros países y una prueba de que el salto hacia atrás también abarca al periodismo. Donde antes había profesionales con mayor o menor sentido de la nacionalidad, de la democracia y los derechos humanos, ahora mandan –sin tapujos- los mercenarios.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)