Identificados seis de los 13 cadáveres hallados en fosas comunes en Táchira
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que expertos en genética de la Unidad CriminalísticaContra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público lograron la identificación de seis restos de 13 cadáveres que fueron hallados el pasado 5 de mayo en tres fosas comunes por parte de los organismos de seguridad en la población de Ureña, estado Táchira.
Las víctimas fueron identificadas como Eider Rangel Saenz (23), (colombiano), y los venezolanos Brayan Duran Carrero (19), Sergio Parra Valderrama (16), Luis Fernando Maldonado Estupiñán (17), Nelson Sandoval Suárez (20) y Edder Valbuena Guerrero (16).
Así lo dio a conocer durante el programa Justicia y Valores, transmitido por el circuito Unión Radio 90.3 FM, donde detalló que la individualización de los cuerpos se logró mediante la realización de un análisis de perfil genético por filiación heredo-biológica.
En ese sentido, Ortega Díaz expresó que de esta forma la institución que dirige continúa avocada al ejercicio de la acción penal, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, este último que es una bandera del Ministerio Público y del Estado venezolano.
Derechos humanos
En materia de derechos humanos, la Fiscal General informó que el Ministerio Público introdujo un recurso extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional del TSJ para reabrir la investigación relacionada con la muerte del dirigente social Jesús Antonio Tabares.
Recordó que ese hecho ocurrió el 15 diciembre de 1969, en el caserío Buenos Aires en el estado Anzoátegui, donde fue detenido y posteriormente ejecutado por funcionarios del Ejército.
Luego, el 27 de marzo de 2014, se localizaron sus restos y para determinar que se trataba del dirigente social, la Unidad CriminalísticaContra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público le practicó varias pruebas genéticas que fueron comparadas con la de sus familiares.
Ortega explicó que lo insólito del caso fue que el gobierno de la época dio por terminada la investigación, porque el tribunal determinó que la víctima era un bandolero.
Por esta razón, el Ministerio Público sigue avanzando para hacer justicia por las sistemática violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 1958 hasta 1998, durante la denominada IV República.
