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CGR adelanta investigación a Ex Gobernadores

La Contraloría General de la República (CGR) en Mérida informó sobre los avances en la investigación a las gestiones de los Ex Gobernadores Florencio Porras (2000-2008) y Marcos Diaz Orellana (2008-2012)

El Contralor General del Estado Bolivariano de Mérida, Coronel (GNB) Oscar Rafael Aponte, informó en rueda de prensa que el organismo va “a establecer responsabilidades administrativas al Ex Gobernador Florencio Porras” debido al procedimiento Administrativo para la determinación de Responsabilidades y Formulación de Reparo que adelanta la CGR, por presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de maquinaria pesada durante su gestión en los años 2007 y 2008, en los que también se vincula a la Secretaría General de Gobierno, Dirección de Administración, Dirección de Tesorería  y parte de la comisión de Contrataciones de la Gobernación del estado Mérida en ese entonces; proceso del cual ya se realizó  la Primera Audiencia del Juicio Oral y Público.

Así mismo el Contralor de Mérida adelantó que “estamos empezando a auditar la gestión de Marcos Diaz Orellana (MDO) y ya establecimos responsabilidades administrativas en el caso del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA, ya se realizó el Juicio Oral y Público y se determinaron responsabilidades tanto para la Directora como de varios Funcionarios en el año 2008), vamos a terminar la investigación que se está haciendo en el Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos de Mérida (SAPAM), igualmente en la Policía del Estado (POLIMER, ahora Instituto Autónomo Policía del Estado Mérida – IAPEM)”, al tiempo que manifestó que todo aquel que cause un daño al Patrimonio Público debe ser sancionado conforme a la ley, y “ya que se están entregando las credenciales a nuestros funcionarios para iniciar la Auditoría de la gestión de MDO”.

Funcionarios de Alto Nivel deben presentar Declaración Jurada de Patrimonio

El Contralor invitó a los altos funcionarios públicos, a realizar la actualización de su Declaración Jurada de Patrimonio, para evitar las sanciones que contempla la ley ya que es un proceso que se debe realizar desde el 1º hasta el 31 de Julio, “en virtud que puede llegarse hasta inhabilitaciones por no cumplir con este requisito legal”.

Aponte ofreció todo su respaldo a las actuaciones que ha realizado a la CGR, ya que están completamente apegadas a la norma, en relación a las sanciones que se aplicaron a María Corina Machado, Enzo Escarano y Pablo Pérez,  que no obedecen a ninguna retaliación política, “cuando se cometen hechos contrarios a la norma, la Contraloría debe imponer las sanciones” enfatizó.

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