Ciudadanos venezolanos que permanecieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, tras una deportación efectuada por Estados Unidos, denunciaron haber sido víctimas de torturas, abusos sexuales y desaparición forzada. Los afectados señalaron que estas prácticas sistemáticas han dejado profundas secuelas físicas y psicológicas que dificultan su proceso de recuperación.
A través de una misiva pública, el grupo repatriado el pasado 18 de julio exigió al gobierno estadounidense condiciones de seguridad para participar en audiencias judiciales sin poner en riesgo sus vidas. Los firmantes instaron a la comunidad internacional y a los organismos de justicia a brindar acompañamiento legal para garantizar que los crímenes sufridos durante sus cuatro meses de confinamiento no queden impunes.
Testimonios de las víctimas y secuelas del trauma
Durante una reciente rueda de prensa, sobrevivientes como Norberto Aguilar relataron haber sufrido agresiones físicas directas en el recinto salvadoreño. Por su parte, Arturo Suárez destacó que, aunque el Gobierno Bolivariano ha proporcionado asistencia psicológica, la reinserción social es compleja debido a cuadros severos de ansiedad, insomnio y trastornos alimenticios derivados del trauma.
En el ámbito legal, el juez federal James Boasberg dictaminó que la administración Trump vulneró el debido proceso de aproximadamente 200 venezolanos enviados a la prisión de alta seguridad. El magistrado otorgó un plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan de retorno o defensa legal, certificando además una demanda colectiva que permite impugnar la designación de estos migrantes como «enemigos extranjeros».
La denuncia ha escalado a instancias globales; en septiembre, los afectados sostuvieron una audiencia privada en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En dicho encuentro, expusieron la falta de asistencia jurídica, la incomunicación total con sus familiares y las condiciones infrahumanas de detención, reafirmando que la migración no debe ser tratada bajo criterios de criminalización.
