Asesinatos, desacuerdos y corrupción cierran gestión de Santos en Colombia
El sucesor del actual presidente Juan Manuel Santos se enfrentará a una lista de casos de corrupción, asesinato de líderes campesinos e incumplimento de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 entre el Gobierno Nacional y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) luego de las mesas de negociaciones que comenzaron en 2012 en La Habana, Cuba, con el fin de poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
Durante la campaña presidencial de Santos, en 2010, el antiguo ministro de la Defensa de Álvaro Uribe -sobre quien pesan fuertes acusaciones de lazos con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia- prometió que impulsaría el aumento de productividad, acción que en ocho años no logró cumplir con las expectativas de los economistas y del pueblo colombiano.
De acuerdo con un artículo publicado en el portal colombiano El Portafolio, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 no superaba el 2%, además de registrarse una alta tasa de desempleo. Por si fuese poco, debido al descenso del aparato productivo, el IMD World Competitiveness Center informó la descendencia de la economía de Colombia este 2018.
Entre 63 economías evaluadas, el país ocupa el puesto 58, después de un camino a la baja: en 2014, ocupaba el lugar 51 y en 2017, el 54. Además "es la peor posición desde que existen registros del indicador", señaló Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), cita el medio colombiano El Comercio.
Córdoba señaló que esto se debe al incremento del costo de la vida, a la subida del desempleo a lago plazo, así como el retroceso en un 0,65% anual del PIB.
Además de una caída en la economía y en la competitividad del país, el Gobierno de Santos culmina con una lista larga de denuncias de corrupción, considerado como uno de los principales problemas que ha padecido Colombia en los últimos años.
Uno de los escandalos más grande tiene que ver con los sobrecostos por la ampliación y remodelación de la Refinería de Cartagena (Reficar), que tiene también contra las cuerdas a toda la junta directiva de Ecopetrol y a varios de sus más altos funcionarios.
La refiniería tuvo un costo final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente. El fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró el pasado 18 de enero de este año que "Reficar es el caso de corrupción más grave en los 200 años de historia", reflejó en esa oportunidad El Espectador.
El caso de corrupción más reciente ocurrió en abril de este año, cuando fue detenido el alcalde de la ciudad de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por su presunta participación en irregularidades en obras viales de la capital del departamento del Quindío.
A su fracaso por aumentar la competitividad y acabar con la corrupción en la nación, se suma la infinidad de denuncias de incumplimiento de los Acuerdos de Paz con el exgrupo insurgente FARC-EP, suscritos en 2016.
La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia denunció que de las 34 medidas acordadas en 2016, solamente 12 se han cumplido, lo que representa un 18.5% de cumplimiento de estos puntos.
"Solo se ha cumplido un 5 % con respecto a la reforma rural integrada; un 19 % en lo relativo a la participación política y un 33 % de lo prometido sobre el fin del conflicto", denunció Joaquín Sánchez, quien destacó que las FARC "están cumpliendo el alto el fuego", cita la agencia EFE.
Desde el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo de 2018, un total de 385 líderes sociales colombianos han sido asesinados, de acuerdo con información publicada por el portal neogranadino Wradio.
De ese total, 283 fueron después de la firma del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en noviembre de 2016. 78 han sido en lo que va de 2018.
