Puerto Rico busca apoyo de acreedores para reformular su deuda
El ejecutivo de la colonia estadounidense pide a los bonistas que se flexibilizen a la negociación que implica reformular la deuda que supera los 73 mil millones de dólares
La gobernación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico continuó una serie de reuniones en Estados Unidos, que buscan avanzar en las negociaciones con sus acreedores con el fin de reformular la deuda de la isla.
En la actualidad, Puerto Rico enfrenta una grave crisis fiscal, con una deuda que supera los 73 mil millones de dólares, que ha ocasionado una enorme falta de liquidez, tras ocho años de crecimiento económico negativo.
Para mejorar este panorama, el titular del Ejecutivo, Alejandro García Padilla, sostuvo un encuentro en Washington (capital) en el que discutió con varios congresistas la situación fiscal que atraviesa la isla.
Medios locales indicaron que la agenda del primer ejecutivo se centra en los esfuerzos por lograr apoyos en cuanto a posibles medidas necesarias que busquen mejorar la economía de la colonia.
Las negociaciones iniciaron el lunes en Nueva York, donde García Padilla intenta acordar con los bonistas la reestructuración de los términos de la devolución de la deuda.
De acuerdo a las autoridades puertorriqueñas, se presentará a los acreedores un plan fiscal a cinco años, que supuestamente cuenta con el “consenso” de los actores políticos y sociales de la isla. El principal acreedor de la isla, Oppenheimer Funds, asegura quee "el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar sus deudas".
Desde 1952, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, que lo mantiene bajo dominio colonial luego de invadirlo en 1898. Con una deuda superior a los 70 mil millones de dólares, la nación avanza hacia la bancarrota, y ante esta situación, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobó la Ley de la Recuperación de las Corporaciones Públicas, a fin de negociar con los acreedores de Wall Street.
Sin embargo, el tribunal de distrito de EE.UU. en San Juan, la declaró inconstitucional por considerar que el campo está ocupado por la legislación federal. La decisión fue recurrida por el ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, al considerar que “no se trata de un campo ocupado, porque Puerto Rico está excluido de la Ley estadunidense de Quiebras.
La decisión del tribunal de circuito de apelaciones de Boston deja a Puerto Rico en la indefensión, por lo que se evalúa apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, subrayó Miranda. Asimismo, el titular consideró que es irracional que el Congreso haya excluido a esta isla del Caribe de la Ley de Quiebras y, a la vez, le impida legislar para su protección.
