Para el periodismo lacayo, la soberanía es un derecho de la UE, no de Venezuela

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Para el periodismo lacayo, la soberanía es un derecho de la UE, no de Venezuela

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Foto: La Iguana
Yvke Mundial /AVN

Es caricaturesco el lacayismo de la «Prensa Libre» y de los opositores amargados que pululan en las redes sociales. 

Para estas entidades y personajes nefastos, los países que agreden al pueblo venezolano con bloqueos y medidas coercitivas unilaterales, tienen absoluto derecho a hacerlo. Les reconocen su soberanía, a pesar de que constantemente se torna extraterritorial, como si aún fuesen metrópolis coloniales de antes del siglo XIX. Algunos, incluso, aplauden tales acciones porque las aprecian como expresiones de desarrollo y civilización.

En cambio, en su malinche enfoque, Venezuela no tiene derecho a ejercer su soberanía ni aun dentro de su territorio, como corresponde a cualquier Estado. Es más, apelar al concepto de soberanía, cuando quienes lo hacen son los gobernantes venezolanos, es considerado como un anacronismo, como la expresión de atraso político y primitivismo. 

Esta semana tuvimos varios ejemplos de esto. Uno es el relativo a la Unión Europea. Las informaciones sobre las nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por este organismo de integración del Viejo Continente a Venezuela se mantuvieron en la retórica ya clásica de la posverdad, según la cual se trata de “sanciones individuales a funcionarios del régimen chavista que atentaron contra la democracia y los derechos humanos”. 

Ese discurso contiene una ristra de datos manipulados y manipulantes que, a fuerza de repetirse, se van consolidando.  

En términos de los hechos concretos, no se trata de “sanciones”, pues la UE (lo mismo que Estados Unidos) carece de autoridad para castigar a otros países. Se trata de una facultad autoatribuida y ejercida de una manera totalmente arbitraria.  

Tampoco es verdad que sean individuales, pues su propósito final es causar molestias, perjuicios, daños a la economía nacional, vale decir, al pueblo que paga las consecuencias. 

En el caso concreto de estas represalias (término mucho más ajustado a la realidad) no es cierto que se trate solo de “funcionarios del régimen” (palabra, esta última, ya cargada de intencionalidad tóxica) sino también de varios poderes diferentes al Ejecutivo (magistrados del Tribunal Supremo y rectores del Consejo Nacional Electoral) y hasta diputados de partidos opositores recién electos. Son “penas” impuestas contra el Estado venezolano en su conjunto, para reforzar la tesis de que es fallido y, por tanto, el país puede ser intervenido legítimamente. 

Los atentados contra la democracia y los derechos humanos son gravísimas acusaciones que se lanzan sin sustento alguno. Son opiniones de la extrema derecha (los niños consentidos de la UE) a las que se les da la categoría de pruebas irrefutables.  

La injerencia descarada

La práctica de imponer castigos a funcionarios de terceros países se hace reiterativa y, de esa manera, se pretende que es “normal”.  

La maquinaria mediática, de la que forman parte los medios opositores locales, le ha querido dar a esas acciones certificado de legitimidad. Pero es una violación contumaz del derecho internacional, pues constituye una tentativa sostenida de interferir en procesos internos de otro Estado. 

Es evidente que al sancionar a magistrados del máximo tribunal de un país como Venezuela, la UE pretende influir en sus decisiones y, por extensión, en las de todo el Poder Judicial. Trata también de amedrentar a otros integrantes actuales del TSJ; a quienes pretendan postularse en el futuro a dichos cargos; y, naturalmente, a los jueces de menor jerarquía del país. ¿Se imaginan a un juez mercantil, laboral o penal que deba dictar sentencia en un caso en el que esté involucrada, por ejemplo, una empresa europea? ¿Podrá hacerlo ajustado a Derecho si existe el riesgo de que lo metan en un saco de violadores de derechos humanos? 

Lo mismo puede decirse de los castigos aplicados a rectores del CNE, incluyendo a Leonardo Morales, quien procede de un partido opositor. ¿Qué intenta hacer la derecha europea al “sancionar” a estas personas? Pues, meter su cuchara sucia (así decía Carmen, mi madre) en los procesos electorales. El metamensaje es que cualquiera que presente su nombre en el proceso de selección de los directivos del Poder Electoral, que está en marcha en la Asamblea Nacional, tendrá que tener el visto bueno de la UE, o de lo contrario, se ganará una “sanción”. Y, una vez que sea rector, ¡mucho cuidado si avala un resultado electoral que no les guste a los europeos! porque puede terminar estigmatizado como enemigo de la democracia y sanguinario criminal de lesa humanidad. 

Pues bien, para la prensa lacaya y los influencers endocolonialistas, esto es algo correcto. Lo avalan con su manera de presentar las informaciones y, más acentuadamente, con sus opiniones. 

Pero, veamos ahora cómo reaccionaron cuando Venezuela expulsó a Isabel Brilhante, la representante diplomática de la UE en el país. Para resumirlo: se indignaron y protestaron por el trato desconsiderado a la excelentísima dama.  

Con una actitud de “¡ay, pero qué pena con esa señora!” desfilaron por el ruedo para disculparse y se dedicaron a darles palmaditas consolatorias a los voceros de la ultra europea que aparecieron de inmediato victimizándose, haciendo pucheros en los mismos medios. 

El servilismo de estos órganos de difusión masiva y de estos personajes individuales es de tal magnitud que no le otorgan a Venezuela ni siquiera un derecho que es elemental en diplomacia: el de la reciprocidad. Cuando tú me haces algo extremo, yo te respondo con lo equivalente y se entiende que no es una ofensa personal contra el funcionario. Para nuestros medios “libres” y los periodistas y comentaristas proeuropeos, declarar persona no grata a Brilhante fue un acto de violencia desproporcionada, casi de misoginia. 

En cambio, ovacionaron a la UE por hacer lo propio con la embajadora venezolana, Claudia Salerno, a pesar de que ella también es una señora, pues. 

Y, para complementar, Bertucci

La revisión al fenómeno del periodismo arrastrado a las potencias neocoloniales llega a niveles de viñeta humorística con el caso del diputado Javier Bertucci, deportado por EEUU en el emblemático pórtico de la ciudad de Miami. 

Lo primero que puede decirse en este curioso caso es que los comunicadores mayameros (una subclase muy peculiar de la fauna acá analizada) experimentaron una excitación peculiar, casi pornográfica, con el “rebote” sufrido por Bertucci. Son tan depravadamente pitiyanquis que se sintieron reivindicados, compensados, vengados por la patada aeroportuaria que le dieron al compatriota. 

Otro detalle significativo es que en algunos medios se identificó a Bertucci como un “pastor chavista”. Con esa maroma discursiva procuraron conseguir dos objetivos: el primero es, obviamente, descalificar a Bertucci de cara a los opositores radicales (que en Miami son casi todos); el segundo es crear la ilusión de que ciertamente la Inmigración estadounidense deportó a una figura del chavismo. Desde luego, a ellos y ellas les hubiese gustado más que fuera un verdadero chavista, pero… algo es algo, peor es nada. 

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