Masacre de Yumare: Una política represora que cobró la vida de 9 revolucionarios

Se cumplen 31 años

Masacre de Yumare: Una política represora que cobró la vida de 9 revolucionarios

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Foto: Referencial
YVKE Mundial/ Angely Infante

Bajo el gobierno adeco de Jaime Lusinchi,  se realizaron numerosos atropellos a la integridad de un sector importante de Venezuela, uno de ellos fue cuando 9 personas resultaron emboscadas por una operación militar para eliminar cualquier pensamiento revolucionario, dando como resultado uno de los hechos más violentos en la historia de Venezuela.

Un escenario violento cegó la vida de un grupo de dirigentes con ideales libertarios y sociales, en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy. Como parte de la política represora y fascista de la IV República el 8 de mayo de 1986, Luis Rafael Guzmán Green (40), José Rosendo Silva Medina (33), Ronald José Morao Salgado (31), Dilia Antonia Rojas (42), Simón José Romero Madrid (28), Pedro Pablo Jiménez García (40), Rafael Ramón Quevedo Infante (31), Nelson Martín Castellano Díaz (31) y Alfredo Caicedo Castillo (31) fueron las víctimas de aquel sangriento hecho ocurrido en Yumare.

De esta forma, fueron detenidos, torturados y asesinados aquella madrugada del 8 de mayo de 1986 en el cerro El Diamante, donde se reunirían ese día con otros grupos para discutir sobre sus ideales libertarios. Se sumaba así un crimen más al prontuario del régimen puntofijista (sistema político gobernado por AD y Copei entre 1958-1998), que adelantaba entonces operaciones de exterminio contra dirigentes revolucionarios.

Fuerzas de seguridad contra civiles de ideales libertarios

Grupos de militares y efectivos de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a cargo del excomisario Henry López Sisco ejecutaron un vil asesinato a tan solo 4 años de haberse cometido la masacre en Cantaura.

Para la época el Ministerio de Relaciones Interiores lo dirigía Octavio Lepage, hombre de confianza del presidente adeco Jaime Lusinchi.

En este sentido, se crearon diversas informaciones respecto a los hechos suscitados por el régimen, con el fin de dar pie a que los individuos que pasaban por la zona eran guerrilleros.

  

Testigos de ese lamentable incidente declararon que las nueve personas asesinadas por el comando de la DISIP habían sido primero detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros.

Para justificarse, los funcionarios dijeron que habían estado en un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. No obstante, las evidencias fotográficas revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado, por lo que quedó demostrado en estudios criminalísticos y las evidencias.

Aunado a esto, las experticias practicadas en los morrales que portaban quienes murieron en la acción, demostraron que los objetos “no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas”, a pesar de que varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.

Justicia en Revolución

Durante varios años la Masacre de Yumare quedó sosegada por una IV República con intenciones de querer erradicar todo grupo izquierdista que existiese. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció respecto a la cruel arremetida a estas personas, así como los medios sociales se prestaron para silenciar una tortura que dejó enlutadas a 9 familias.

Es así, que luego de 25 años de la masacre, se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi. Dado que los fiscales del estado Yaracuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército.

  

El primer avance del caso se logró cuando, en el año 2006, el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas. No obstante, la acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.

En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica, donde aún vive.

  

A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.

En este sentido, en agosto de 2015, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que Ramón Celestino Rojas fue imputado el viernes 7 de agosto,  por la fiscal 14º de Yaracuy por su presunta participación en la denominada “Masacre de Yumare”, en la que murieron 9 dirigentes sociales.

“Se le imputó los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos innobles“, destacó la fiscal.

Restos fueron entregados a sus familiares

En junio de 2009, se llevó a cabo el acto de entrega de restos a los familiares afectados por la muerte de un grupo de revolucionarios,  en la medicatura forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Los Chaguaramos, en Caracas.

Los restos pertenecieron a los ciudadanos Luis Guzmán Green, Pedro Jiménez, Ramón Quevedo, Alfredo Caicedo, José Rosendo Silva y Nelson Castellano.

  

En tal sentido, se demostró que con la llegada de la revolución, un nuevo capítulo se abriría para sentenciar a los culpables y dar justicia plena a los actores intelectuales de tan repudiable acción ejecutada por el gobierno fascista de la IV, y de esta forma marcar un precedente en la justicia y lucha contra la impunidad.

La Masacre de Yumare, es tan sola uno de las decenas de masacres y delitos que la “democracia” adeco-copeyana cometió contra el pueblo por más de 40 años.

 

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