Álvaro Uribe Vélez podría ir a juicio por dos masacres de campesinos

Declaradas delitos de lesa humanidad

Álvaro Uribe Vélez podría ir a juicio por dos masacres de campesinos

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Álvaro Uribe Vélez deberá responder también por homicidios selectivos / Foto: Reuters
YVKE Mundial/Pacifista.com

Las sombras de las masacres de La Granja y El Aro, vuelven a oscurecer la carrera política de Álvaro Uribe Vélez y es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana declaró este jueves crímenes de lesa humanidad ambas masacres, ocurridas a finales de los 90 en el departamento de Antioquia.

La decisión fue tomada en el curso de la indagación contra el actual senador y expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), quien fue gobernador de Antioquia entre enero de 1995 y diciembre de 1997.

El dictamen de la Corte implica que los referidos crímenes no prescribirán, por lo que podrán ser investigados en cualquier momento.

En febrero pasado el Tribunal Superior de Medellín señaló en relación con las referidas masacres que existían 'elementos de juicio..., que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces'.

Ante esta acusación Uribe negó su responsabilidad y participación en los hechos. 'Llevan miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa', afirmó el líder del partido Centro Democrático.

El alto tribunal falló del mismo modo en relación con el caso del abogado y líder sindical Jesús María Valle, asesinado en la ciudad de Medellín el 27 de febrero de 1998 por paramilitares de la banda La Terraza, responsable del homicidio.

Valle Jaramillo fue uno de los abogados que denunció la arremetida paramilitar en Ituango, Antioquia y quien, antes de ser asesinado, denunció un “acuerdo tácito” entre el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar.

Fue justamente por este crimen que el Tribunal Superior condenó a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo a 30 años de prisión. Los ganaderos, señaló el tribunal, fueron determinantes en el asesinato cometido por La Terraza, banda satélite del paramilitar Carlos Castaño”.

Para el tribunal, que las Fuerzas Militares permitieran la operación era un indicador de “su compromiso con esas organizaciones ilegales” (…) igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas”.

Uribe, deberá responder por estos casos y por otros 276 procesos que existen en su contra, dentro de los cuales están las “chuzadas” del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, y las cuotas que habría entregado para garantizar la aprobación de su reelección en el Congreso.

A continuación les presentamos los dos casos por los que, quizás, Uribe vaya a juicio.

¿Qué pasó en El Aro?

Sucedió el 22 de octubre de 1997, cuando las Autodefensas comenzaban a consolidarse en Antioquia. Cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, de Ituango y asesinaron a 17 personas. Tomaron el control del territorio durante 17 días, torturando públicamente a las víctimas. A una de ellas la ataron todo el día a un árbol, le sacaron los ojos y el corazón, como lo reportó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En medio de la masacre, los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas que había en la zona, se robaron más de 1.000 vacas y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región. Durante la masacre, la Fuerza Pública nunca apareció para combatir a las Autodefensas , tampoco algún representante de la Gobernación de Antioquia, en ese entonces liderada por Álvaro Uribe Vélez.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango durante la masacre. Dijo, además, que el secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar El Aro. Este testimonio guarda semejanza con el del exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según él, el helicóptero sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos. Tanto Santiago (hermano del expresidente) y Álvaro Uribe Vélez —según esa versión, sabían de esta masacre—.

En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por fracasar en la protección de los pobladores de El Aro. Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas.

El helicóptero de la Gobernación es clave en toda esta investigación, pues las condiciones topográficas de la zona dificultaban que los paramilitares viajaran a otras zonas por municiones. De hecho, el mismo Mancuso aceptó que él viajó en un helicóptero para apoyar a los paramilitares, tal como se lo ordenó Castaño. En ese helicóptero, según otros testimonios recogidos por la Corte Interamericana, habría viajado Carlos Castaño.

Justamente la presencia paramilitar en Ituango y su supuesto acuerdo con la Fuerza Pública fue denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de ese municipio. Estas denuncias, según Don Berna, fueron suficientes para ordenar el asesinato del jurista. El incitador del crimen, de acuerdo con esta versión, fue Pedro Juan Moreno, fallecido en un accidente aéreo en 2006.

¿Qué pasó en La Granja?

El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por los hermanos Castaño, incursionaron en el corregimiento La Granja, en Ituango, Antioquia, histórico bastión de las Farc. Ese día recorrieron el casco urbano, ordenaron cerrar todo el comercio, amenazaron con una limpieza social y asesinaron a cinco personas por tener supuestos nexos con la guerrilla. Los torturaron y los mataron en frente de sus vecinos y familiares.

La Fiscalía determinó más adelante que las víctimas no eran colaboradores de la guerrilla sino campesinos. En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón ya había solicitado investigar al senador Álvaro Uribe por su “acción u omisión” en el caso de esta masacre. Así lo dijo cuando leyó la sentencia en contra Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, excabecilla paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008.

Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.

 

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