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Allanada sede de la Policía de Mérida por muerte de estudiante

Funcionarios del Cicpc inspeccionaron las distintas dependencias de la Comandancia General de la Policía de Mérida, entre ellas, las áreas comunes, habitaciones y la zona de locker.

Caracas, 14 de julio de 2008. Fueron allanadas en horas de la noche de este domingo 13 de julio, a solicitud del Ministerio Público, las instalaciones de la Comandancia General de la Policía del estado Mérida, como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público respecto a la muerte del bachiller Douglas Rojas Jiménez.

Explica un comunicado del Ministerio Público que el allanamiento se realizó luego que el Tribunal 6° de Control de Mérida acordara la solicitud interpuesta por los fiscales 62 y 47 Nacional y 1° de Mérida, Ana Beatriz Navarro, María Elcira Bejarano y Hugo Enrique Quintero, respectivamente.

En horas de la noche del pasado domingo, funcionarios de la subdelegación de Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la visita domiciliaria, en la que participó la fiscal 62 Nacional, Ana Beatriz Navarro, en la sede de ese del referido cuerpo policial, ubicado en el sector Glorias Patria de la avenida Urdaneta de la capital merideña.

Según informó este lunes el canal de noticias Globovisión, los detectives salieron de la sede de Polimérida en la madrugada, tras hacer una pesquisa relacionada con las armas usadas y los funcionarios que actuaron el día que murió el joven.

El titular del MIJ, Ramón Rodríguez Chacín, informó este lunes que la visita judicial tenía por objetivo revisar las instalaciones e incautar los elementos y armas que estuvieron implicadas en los sucesos del día jueves. “A estas armas se les está practicando la experticia de ley, al igual que la metra que le provocó la muerte al joven y el vestuario que utilizaba en el momento del suceso”, subrayó.

Los funcionarios del Cicpc inspeccionaron las distintas dependencias de la Comandancia General de la Policía de Mérida, entre ellas, las áreas comunes, habitaciones y la zona de locker. Como se recordará el pasado sábado 12 de julio se realizó la necropsia de ley al cadáver del bachiller Douglas Rojas Jiménez, quien falleció en horas de la tarde del sábado 12, tras resultar lesionado el pasado jueves 10 en la cabeza por un impacto de una metra, durante las manifestaciones ocurridas en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (ULA).

Invitaron a jóvenes de la ULA a necropsia de ley

En este sentido, el Ministerio Público, en aras de garantizar la transparencia de las investigaciones, permitió el acceso de un grupo de estudiantes (entre ellos la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Liliana Guerrero) a la morgue del Hospital Universitario de esa casa de estudios, a los fines de que presenciaran la realización de la necropsia de ley al cadáver del joven Rojas Jiménez. En la realización de este examen, a partir del cual se extrajo una metra de la cabeza del cadáver del joven, también estuvieron presentes familiares de la víctima y un representante de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, según El Mundo de este lunes, los grupos estudiantiles merideños ahora niegan la versión de la Fiscalía. Aymara Rivas, presidenta adjunta de la FCU-ULA, dijo que sólo entraron una hermana de la víctima y la presidenta de la FCU-ULA, pero ingresaron cuando ya habían extraído la metra, lo que califican como una irregularidad y usan ahora para exacerbar las protestas.

La comunidad universitaria también negó su participación en los sucesos ocurridos en Mérida el jueves y viernes, donde ha habido saqueos y violencia, según el diario El Mundo. Aymara Rivas no quiso achacar los hechos al Movimiento 13, conocido por su forma particularmente violenta de manifestar, sino que afirmó que "la protesta fue infiltrada por delincuentes y grupos armados, dirigidos por el gobierno regional".

El M-13, dirigido hasta 2006 por Nixon Moreno (hoy asilado en la Nunciatura Apostólica caraqueña) dejó unos 25 oficiales heridos en protestas realizadas en mayo de 2006, donde obligaron a una mujer de ese cuerpo policial a desnudarse y amenazaron con violarla; además, dejaron herido de bala a otro oficial. La policía acusó directamente a Moreno de los hechos, tras lo cual se emitió una orden de detención que no pudo completarse luego de que la Nunciatura otorgó el asilo.

En 2007, el M-13 también fue protagonista de protestas muy violentas, siendo la excuisa esta vez la no renovación de la concesión del canal RCTV y la propuesta de Reforma Constitucional.

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