La Asociación Americana de Juristas (AAJ) envió un comunicado a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para expresar su profunda preocupación por la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela. La organización sostiene que, bajo la excusa de la «seguridad regional y la lucha antidrogas», esta acción compromete gravemente el derecho internacional y afecta de forma directa y negativa los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Asimismo, la AAJ afirma en su comunicado que la intención es advertir sobre un aumento en las acciones unilaterales. Según la organización, estas acciones se alejan del marco legal multilateral y erosionan los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias, todos ellos pilares esenciales de la Carta de las Naciones Unidas.
También manifiesta su alarma por el despliegue de «instrumentos de coerción» —incluyendo buques de guerra, un submarino nuclear y miles de tropas— en aguas del Caribe. La organización sostiene que estas acciones, justificadas bajo la narrativa de la lucha contra las drogas, carecen de justificación técnica para operaciones policiales contra Venezuela. La AAJ resalta que, de acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Venezuela es un país prácticamente libre de producción y cultivo de estupefacientes, mientras que Estados Unidos es el principal consumidor mundial de drogas y el mayor beneficiario del flujo de dinero ilícito proveniente de este negocio criminal.
Indican que este tipo de acciones, unidas al lawfare mediante la oferta de recompensas por jefes de Estado electos, la crueldad de la aplicación delictiva de medidas coercitivas unilaterales que son verdaderas puniciones colectivas como bien se ha documentado científicamente y por organismos especializados de la ONU, “socavan el Estado de Derecho y crean un entorno de impunidad, encubrimiento e inestabilidad”.
Migración Forzada por la Crisis Económica
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) advierte que las políticas de confrontación, amenazas y «asfixia económica» impulsadas por Estados Unidos tienen consecuencias directas y devastadoras. Entre ellas, destacan el incremento masivo de la migración y el desplazamiento de la población. El comunicado subraya que este éxodo no es una decisión voluntaria, sino una estrategia de supervivencia forzada por el colapso de los medios de vida, la hiperinflación inducida y la escasez de alimentos y medicinas, todo ello agravado por el bloqueo financiero.
“Este desplazamiento, no sólo viola el derecho a no ser obligado a emigrar, vulnera también los derechos a la vida, la salud, la integridad familiar y a una existencia digna de millones de personas. En un mundo ya fracturado por la confrontación bélica y el predominio del más violento, convertir a seres humanos en peones de una estrategia geopolítica representa una grave claudicación ética y una violación flagrante del Derecho internacional, que obliga a los Estados a cooperar para garantizar la paz y el bienestar de los pueblos, no a profundizar su sufrimiento”, indica el comunicado.
Señalan que “al denunciar estas injerencias externas, no podemos ni debemos omitir que el derecho internacional de los derechos humanos es indivisible y se aplica a todos por igual. Por ello, hacemos un llamado vehemente a que los organismos internacionales actúen firmemente para que cesen las acciones que amenazan en cualquier forma a la población venezolana. Así como rechazamos las medidas coercitivas y extorsivas que deben cesar inmediatamente, en el entendido de que no son plausibles tampoco los actos de persecución, criminalización o violencia política provengan de donde provengan”.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) sostiene que las acciones de Estados Unidos contravienen abiertamente varios principios esenciales del derecho internacional y documentos clave de la ONU.
Incompatibilidad con Normas Internacionales
Según el comunicado de la AAJ, el despliegue militar y las políticas coercitivas de EE. UU. infringen los siguientes instrumentos legales:
- Carta de la ONU: Se viola directamente el Artículo 2.1, que consagra la soberanía de los Estados, y el Artículo 2.4, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza.
- Declaración de Manila (1982): Estas acciones van en contra del principio de igualdad soberana de los Estados y la resolución pacífica de controversias.
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966): Se incumple la obligación de los Estados de garantizar la operatividad de los derechos humanos y de proteger a los ciudadanos de violaciones perpetradas por terceros o factores externos.
- Convención Internacional sobre Trabajadores Migratorios (1990): Se contraviene el deber de los Estados de proteger a los migrantes y de asegurar que ninguna persona se vea forzada a abandonar su hogar por razones de supervivencia.
- Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961): Se vulnera la inviolabilidad de los Jefes de Estado.
- Resolución 2625 (XXV) de la ONU: Se violan los principios que prohíben actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades para subvertir su orden interno por la violencia.
- Tratado de Tlatelolco (1967): Aunque EE. UU. no es parte, ha ratificado su Protocolo Adicional II y debe respetar que América Latina y el Caribe sea una zona libre de armas nucleares, absteniéndose de usarlas contra los países miembros.
La AAJ concluye su comunicado recordando que, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, la región fue declarada «Zona de Paz». Por ello, la organización repudia las acciones belicistas que, a su juicio, amenazan la vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
Solicitud a la ONU
Con base en todo lo expuesto, la Asociación Americana de Juristas solicita al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que en el ejercicio de sus atribuciones, tome las siguientes medidas:
- Reafirmar la primacía del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, incluyendo los principios de soberanía y libre determinación.
- Llamar al gobierno de Estados Unidos a cesar sus amenazas y priorizar la diplomacia, el diálogo multilateral y la cooperación sobre las acciones unilaterales que causan tensión y sufrimiento.
- Exhortar a un cese inmediato de cualquier acción unilateral que agrave las tensiones y vulnere los derechos fundamentales de los pueblos de América Latina y el Caribe.
La AAJ finaliza el comunicado agradeciendo la atención al asunto y expresando su confianza en que la intervención de la ONU ayudará a resolver la situación a través del derecho y la protección de los derechos humanos.
