Este lunes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público libró órdenes de aprehensión contra los funcionarios Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar; por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Desde la sede el Ministerio Público en Caracas, puntualizó que el pasado jueves se inició la investigación con motivo a una denuncia por el ajusticiamiento de 5 personas realizado por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB en el barrio El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. 

Según la investigación, el 11 de junio en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas.

Saab manifestó que los fiscales asignados en el caso  presenciaron los protocolos de autopsias, inspecciones técnicas del sitio del suceso y las inspecciones técnicas de los cadáveres.

A través de estas actuaciones, constataron inconsistencias en las actas policiales, que informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial.

Caso finca La Tupareña

El MP solicitó la orden de aprehensión contra José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, por su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años, George Soto Berroterán.

Puntualizó que el joven laboraba como pescador para José Pinto y fue visto por última vez el 23 mayo, cuando se dirigió hacia la finca La Tupareña, propiedad de este ciudadano y ubicada en la parroquia Caruao del estado La Guaira.

Saab señaló que el 2 junio, otro pescador de nombre Juan Pablo Romero, denunció haber sido agredido en la finca La Tupareña, y haber visto cómo golpeaban al adolescente desaparecido.

Según la denuncia, José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que agredieran a Juan Romero hasta que éste admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera.

Detalló que los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan; entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo.

Su negativa motivó a que fuese objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto.

Precisó el Fiscal que mientras los escoltas y dos pescadores agredían al adolescente, Juan Romero logró escapar y se internó en la montaña

Tras denunciar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició investigaciones y el 12 junio halló una pequeña fosa sellada con concreto, una osamenta y sobre ésta un bolso con prendas de vestir y documentos personales del adolescente.

En las pruebas técnicas se determinó que la osamenta, perteneció a un adolescente y que presenta en el cráneo un orificio producido por el paso de un proyectil disparado por un arma de fuego

Los cuatro solicitados serán imputados en las próximas horas por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Por último, Tarek William Saab aseveró que desde su llegada al MP, el 5 agosto de 2017, se han presentado imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos.

Se han privado de libertad 426 funcionarios y 19 particulares, finalizó.