Difundir rumores y mentiras en medio de una crisis sanitaria es una forma de violencia y terrorismo

Nos hemos acostumbrado tanto a las noticias falsas y a que estas circulen impunemente que, en cierto modo, hemos dejado de considerar esa práctica como lo que es: una grave falta a la ética periodística y, en los casos más serios, un hecho ilícito y hasta un acto de terrorismo.

Sin embargo, la repetición perenne de una conducta ilegal e inmoral no puede ser motivo para que se le considere aceptable.

En circunstancias ordinarias podría ser discutible si difundir una información falsa o un rumor es o no algo grave. Pero en estado de alarma no queda la menor duda: es un delito, un crimen que merece un castigo severo.

Se trata de una vieja discusión. La controversia entre la libertad de expresión, como bien individual, y los derechos colectivos. Una manera muy antigua de zanjar discusiones está contenida en la siguiente pregunta: Si alguien grita “¡fuego, fuego, un incendio!” en medio de una iglesia atestada de feligreses o de un estadio lleno de aficionados, ¿está ejerciendo su libertad de expresión o está propiciando una estampida capaz de causar muertes y lesiones a muchas personas inocentes?

Pues bien, en circunstancias sumamente complicadas para cualquier sociedad, como lo es la amenaza de una pandemia y la necesidad de resguardarse en cuarentena, muchos comunicadores (tanto profesionales como populares y espontáneos) han incurrido de manera flagrante en el grito de “¡fuego, fuego!”, en algunos casos por seguir líneas políticas u órdenes de quienes financian sus operaciones mediáticas o enredáticas (de redes), y en otros casos porque, al parecer, lo consideran algo chistoso o por la razón más corriente en el escenario actual: porque quiero que me den muchos like.

En la época que estamos viviendo, caracterizadapor el desdibujamiento de los medios de comunicación convencionales y su reemplazo por los medios digitales y por las redes, es casi nula la posibilidad de tener algún control sobre las informaciones falaces y los rumores no confirmados. Son tantos y tan difusos los actores comunicantes que la vigilancia se torna imposible.

Adicional a esa realidad, muchos medios de nuevo cuño han sido creados expresamente para difundir mentiras y sostener eso que muchos llaman “narrativas” a favor de determinados intereses. En el caso de nuestro país, se ha montado una variopinta maquinaria mediática que abarca diarios, emisoras y televisoras tradicionales convertidas en órganos digitales;  emprendimientos supuestamente individuales o de pequeños grupos; órganos fundados por figuras políticas;  y hasta poderosos portales (con mucha publicidad invasiva en toda internet), que disparan sus misiles desde otros países pero solo parecen estar interesados en hacer blanco en Venezuela.

En la semana que concluye, la primera del distanciamiento colectivo ordenado por el Ejecutivo para frenar la propagación del Covid-19, este aparataje no tuvo empacho en difundir toda clase de rumores y noticias falsas. En la mayoría de ellas no puede presumirse buena fe. 

Es algo que ya no sorprende porque en circunstancias turbulentas anteriores (violencia política, apagones, diversos episodios de la guerra económica) han actuado de la misma forma, tratando siempre de desencadenar una grave conmoción social con la que, según calculan, podrán alcanzar objetivos políticos y económicos. 

El metamensaje de este sector político-mediático-enredático es el deseo de que a Venezuela le ocurra lo peor, lo más catastrófico, lo más apocalíptico, pues ello sería la comprobación práctica de sus prédicas contra la Revolución Bolivariana, el chavismo y, por extensión, frente a cualquier movimiento político contrahegemónico.

Los ejemplos son muchos: desde un caso al que se le dio rango de noticia, pese a ser un típico rumor transmitido en grupos de Whatsapp, hasta atribuir a Venezuela unos saqueos ocurridos en Colombia. También se hizo una gran alharaca con la “fuga” de un paciente de Coronavirus de un centro asistencial, hecho desmentido por las autoridades. Videos de supuestos contagiados y personal médico denunciando precariedades también fueron descubiertos como fraudes.

Todas esas especies tienen un objetivo común: generar alarma, desasosiego, angustia en la gente, un grave delito a todas luces y en cualquier país, incluyendo esos que siempre nos están dando clases no solicitadas de democracia y derechos humanos.

Como ya es también habitual, el aparato mediático-enredático no actúa solo. Se apoya en un tinglado en el que participan gobiernos extranjeros, entes internacionales, ONG, gremios profesionales muy politizados y las instituciones paralelas que la derecha ha tratado de montar en estos últimos años. 

Triste contribución dan a estos intentos de matrices de opinión algunos profesionales de la medicina, quienes se dedican, con un lenguaje lleno de tecnicismos y supuestos datos estadísticos, a transmitir más estrés a sus seguidores en grupos privados o en la redes. Es un “aporte” especialmente perverso porque se basa en la credibilidad que poseen como doctores y en los cargos que han desempeñado.

La labor de difundir informaciones falsas y rumores con fines de desestabilización tiene un corolario: el ocultamiento de los logros de Venezuela (del gobierno, del poder popular, de las instituciones del Estado y de la unión cívico-militar) en la ejecución de un plan preventivo muy exigente y difícil, que avanza pese a los tremendos obstáculos causados intencionalmente por otros países y por los aliados internos de estos. 

Miserablemente se pretende silenciar el hecho de que Venezuela fue pionera en el continente americano en aplicar la medida preventiva más efectiva contra la pandemia, la cuarentena total y la obligatoriedad del uso de mascarillas. Incluso, un medio global, la BBC de Londres, se permitió la ligereza de mentir sin embozo, al atribuirle ese mérito a Argentina, país que lo hizo 120 horas después, una eternidad, si se considera la meteórica velocidad de propagación de este flagelo. 

El esconder los aciertos del gobierno de Nicolás Maduro apunta, en esencia, al mismo empeño de los que difunden videos trucados, chismes de Whatsapp y saqueos que ocurrieron en otra parte o en otro tiempo. Es el empeño de desinformar y causar convulsiones.

El colectivo nacional tiene derecho a exigir que estas formas encubiertas de violencia, estos delitos comunicacionales sean castigados y que, de ser posible, las autoridades impidan que se sigan perpetrando. En medio de una situación extraordinaria de fragilidad social como la que estamos viviendo no se puede permitir que alguien, invocando su derecho a la libre expresión, se invente todos los días un incendio en una iglesia repleta, solo por el mórbido deseo de ver a la gente huyendo despavorida.