Ejercer contraloría social a las líneas de transporte pide Julio García Zerpa

Ante la insistencia de un paro injustificado que ejerce el sindicato de transporte en San Cristóbal, el Constituyente Julio García Zerpa, llamó al pueblo organizado, a aplicar contraloría social, reunirse en asambleas y determinar acciones legales que podrían adoptarse en contra de los transportistas.

Dijo que es inaudito que un grupo de chóferes atente contra el pueblo de a pie, extorsionándolo y obligándole a pagar la suma de cinco mil bolívares, la cual considera completamente  equivocada y exagerada.

Mencionó que en la actualidad, la tasa de mil bolívares es una de las más altas del país, de modo que incrementar de un solo golpe, cuatro mil bolívares más, la haría por lejos, la más cara de toda Venezuela, en cuanto a las rutas urbanas.

Afirmó que la situación actual amerita estudiar un incremento en las tarifas del pasaje urbano, sin embargo, relató que no se puede accionar de esa manera, impidiendo la movilidad de la gente, cercenando el derecho del pueblo, porque lejos de solucionar lo que hace es agravar el problema, por lo que pidió sensatez al gremio.

“Estamos conscientes que los amigos transportistas necesitan ajustar sus tasas, pero aumentar de mil a cinco mil bolívares por traslados cortos que son las rutas urbanas en San Cristóbal, está totalmente fuera de orden, eso no puede aprobarse”, aseveró.

García Zerpa sostuvo que el gremio del transporte viola el derecho al libre tránsito que tienen los sancristobalenses y también vulnera los pasos establecidos legalmente para llamar a una huelga, aunque ellos quieran disfrazarlo, haciéndolo ver como un “resguardo de unidades”.

Lamentó que el sindicato pretenda violentar los derechos de los ciudadanos, bajo un pretexto de no dialogar, prácticamente imponiendo sus exigencias de manera caprichosa.

“’Me pagan lo que digo, o de lo contrario no trabajo’, esa parece ser la consigna del sindicato de transportistas, insisto en que debe concertar la sindéresis y el diálogo sincero entre todas las partes, chóferes, usuarios, usuarias y autoridades, para llegar a un acuerdo cónsono, donde nadie salga perjudicado”, aseveró.

Expresó que la contraloría social servirá también para verificar que las unidades no estén surtiendo combustible de manera indebida, debido a que no existe necesidad de llenar sus tanques, por cuanto no están laborando desde la semana pasada.

Para ello, el Constituyente recomendó al Poder Popular articular con otros organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Superior del Táchira, la Zodi y Pdvsa, en el marco de la defensa de la soberanía nacional, para evitar la fuga ilícita de combustible hacía el vecino país de Colombia.

“Siempre partimos de la concepción de la buena fe hacia las personas, por ello creemos que ningún transportista se presta para el delito del contrabando, sin embargo, es bueno efectuar labores de fiscalización para prevenir cualquier irregularidad, debido a que en las leyes se encuentra tipificado el delito informático, el cual es vinculante con cualquier acción irregular que se genere mediante el uso indebido del tag de combustible”, concluyó.