Investigación de desaparecidos en Barlovento inició un mes antes

Cuando este martes el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció detalles del proceso de investigación que derivó en el hallazgo de los cadáveres de los 12 desaparecidos en Barlovento y la detención de 11 funcionarios militares, pudo dar cuenta de un trabajo que se inició más de un mes antes, con una denuncia recogida por la Defensoría Delegada del estado Miranda y en el que se movilizó a las más altas autoridades del Estado venezolano.

Efectivamente la Defensoría del Pueblo, a través de la sub sede Guarenas de la Defensoría Delegada en el Estado Bolivariano de Miranda, recibió el día 21 de octubre de 2016 las primeras tres denuncias por la presunta desaparición de ciudadanos que habían sido detenidos en sus casas ubicadas en el Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda.

Al día siguiente funcionarios de la delegada se trasladaron a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolivariano de Miranda (ZODI-MIRANDA), a fin de solicitar información del caso. Luego el 25 de de octubre se atendió en la sede defensorial a los peticionarios y se abrieron siete (07) expedientes.

Los familiares informaron que entre los días 8 y 17 de octubre de 2016, uniformados a los que identificaron como efectivos del Ejército ingresaron de manera violenta a sus casas, ubicadas en los sectores Capaya, El Café y Yaguapa del Municipio Acevedo del estado Miranda, llevándose detenidos a varios ciudadanos hasta el Comando Camacaro 323, ubicado en el sector El Café del Municipio Acevedo.

Posteriormente, el día 19 de octubre los militares informaron a los familiares que los detenidos habían sido trasladados al Comando Chaguaramal ubicado en el Municipio Pedro Gual del mismo estado, pero cuando los familiares concurrieron a dicho Comando les indicaron que ahí no había detenidos. En la madrugada del día 20 un grupo de los detenidos fue liberado en la Plaza de Mamporal, desde ese momento, los familiares ya no tuvieron más información sobre el paradero de 13 de los detenidos.

El día 28 de octubre funcionarios de la DdP se trasladaron a los comandos Camacaro 323 del Municipio Acevedo, y Campo Verde y Chaguaramal del Municipio Pedro Gual. Allí se pudo constatar que las personas reportadas como desaparecidas no se encontraban en ninguno de los comandos militares. También se tuvo a la vista las actas de caución firmadas y con huellas dactilares de 12 ciudadanos que según la versión del teniente coronel José Ángel Rojas habían sido liberados el mismo día de su detención, entre los días 15 y 17.

Esta información aportada por el coronel Rojas contradecía la aportada por los familiares, quienes afirmaban haber llevado comida y ropa a sus familiares hasta el día 18 y haber sido notificados de su traslado el día 19, poco antes de que un grupo fue liberado en Mamporal. Un dato clave sería suministrado después por uno de los familiares, su hijo aparecía en la foto de la caución con ropa entregada por sus familiares posteriormente a la fecha de su supuesta liberación. También un testigo clave, que estuvo detenido y fue liberado, corroboró las fechas que daban los familiares y desmintió las fechas de las liberaciones aportados por Rojas.

Finalizado este recorrido el equipo defensorial indicó a los familiares que se había solicitado la designación de un fiscal del Ministerio Público con competencia nacional para continuar con las investigaciones pertinentes a fin de averiguar el paradero de los ciudadanos desaparecidos.

El primero de noviembre, funcionarios de la Defensoría Delegada del Estado Miranda sostuvieron reunión con el Comandante General de la ZODI-MIRANDA, General Alvaro Bellorín, a los fines de verificar si los presuntos ciudadanos desaparecidos se encontraban detenidos en alguno de los comandos bajo su jurisdicción, lo cual resultó negativo. En dicha reunión el General suministró un registro fotográfico de las 13 personas detenidas.

El 2 de noviembre, el equipo defensorial se trasladó nuevamente al Comando Camacaro 323. Allí se les informó que uno de los presuntos desaparecidos, el ciudadano Susano Farfán, había sido ubicado en el Comando, tras lo cual fue entrevistado por la comisión defensorial. Así el número de personas desaparecidas se redujo a 12.

Los días 4 y 7 de noviembre se realizó el traslado de los familiares para que se reunieran con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. En esas reuniones el Defensor sostuvo entrevista con cada uno de los familiares, así como con 2 testigos que habían estado detenidos. En esas reuniones el Defensor se comprometió con los familiares a que en este caso no habría impunidad. Con todos los elementos probatorios recabados hasta la fecha, el Defensor se comunicó con el Presidente de la República y con el Ministro de la Defensa para informarles de la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Como explicó el Defensor este martes, “desde un primer momento luego de conocer este hecho, le informé al ciudadano presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de manera personal y directa sobre los detalles de lo que estaba ocurriendo para que se sumara a ordenar las investigaciones hasta culminar en el esclarecimiento de las mismas”.

El Presidente de la República ordenó entonces que se realizaran las investigaciones militares pertinentes y que se esclareciera lo sucedido, sin importar quién resultase responsable. Así, se sumaron a la investigación que ya adelantaban la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la Dirección General de Inteligencia Militar, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Aunque todas las informaciones recabadas apuntaban a que la responsabilidad de la desaparición recaía en el teniente coronel Rojas y sus colaboradores inmediatos, la no aparición de los cuerpos hacía difícil que la investigación avanzara. Fue el día 24 de noviembre cuando uno de los soldados del batallón apostado en el Comando Camacaro 323 admitió haber participado del asesinato de los 12 desaparecidos y aportó los datos que permitieron el hallazgo de las dos fosas donde fueron depositados los cuerpos.

Así, el viernes 25 en la noche dos cuerpos fueron encontrados en el sector El Café, mientras que los otros diez cuerpos fueron hallados el día 26 en el sector Aragüita, vía a Guatopo.

Ese mismo 26 de noviembre un equipo defensorial acompañó a los familiares al Comando ubicado en Marizapa (Edo. Miranda), donde se les informó del hallazgo de los cuerpos y las altas autoridades les dieron las condolencias. A cada familia se le asignó un defensor para el acompañamiento posterior y se establecieron equipos de trabajo coordinados por la FANB para la atención integral de todos los familiares.

Los días 27, 28 y 29 de noviembre los funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron el acompañamiento en la Morgue de Bello Monte durante el proceso de reconocimiento de los cuerpos y luego en los trámites administrativos de certificación de defunciones y permisos sanitarios para el traslado de los restos mortales a los respectivos cementerios. Igualmente, defensores se trasladaron al Circuito Judicial Penal, extensión Barlovento, a los fines de asistir a la audiencia de presentación de los imputados.

A pesar de que este hecho repudiable enluta al país, Tarek William Saab aclaró que nunca hubo encubrimiento en este caso por parte de las altas autoridades del Estado ni de las instituciones que actuaron para esclarecer los hechos.

Además, el Defensor del Pueblo solicitó este martes que se continúen las investigaciones pues considera que debería haber otras detenciones. “Tenemos la percepción, por la experiencia adquirida en 40 años de militancia en derechos humanos, que seguramente en ese componente que actuó en estos hechos, debe haber un autor intelectual, el cual debe identificarse independientemente del grado que tenga y debe determinarse su responsabilidad”.