Hace tres años fue suprimida decisión legal puntofijista que amparaba crímenes de lesa humanidad
En 2013, dos años después de anularse las decisiones arbitrarias a favor de los crímenes de lesa humanidad del puntofijismo, fue creada la Comisión para la Justicia y la Verdad, cuyas tareas están dirigidas a recabar e investigar información sobre los crímenes, torturas, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, represión que dejó más de 3.000 personas asesinadas y decenas de miles afectadas
Entre noviembre y diciembre de 1998 el puntofijismo (sistema político gobernado por AD y Copei entre 1958-1998) antes de desplomarse se encargó de fijar una decisión legal que impedía a futuro abrir cualquier investigación sobre la tortura, desaparición y asesinato de dirigentes y líderes sociales y populares, entre ellos Víctor Soto Rojas, Felipe Rafael Malaver Moreno, Alejandro Tejero Cuenca, Noel Rodríguez y Nicolás Montes Beltrán. La excusa del apresurado fallo fue la prescripción de la acción penal.
Fue una medida anticipada por los extintos juzgados cuadragésimo de primera instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público y el Superior Vigésimo Segundo en lo Penal, ambos de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, y la cual fue emitida semanas antes de que Hugo Chávez asumiera la Presidencia de la República.
"Todos fueron apresuradamente decretados como averiguaciones terminadas. Así se manejaban en este país, en la cuarta República, los derechos humanos", explicó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en julio de este año en el Cuartel San Carlos, en Caracas, donde inspeccionó 26 centros de represión y tortura utilizados por gobiernos del puntofijismo.
Para contrarrestar esa decisión legal, el 22 de septiembre de 2011 el Ministerio Público interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), varios recursos de revisión de las decisiones tomadas respecto al asesinato del periodista Fabricio Ojeda y las desapariciones de Soto Rojas, Rodríguez, Montes, Malaver y Tejera.
“Fue un error grotesco al haber errado por completo en la interpretación del artículo 50 de la Constitución de la República de Venezuela, vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, en lo concerniente a principios jurídicos fundamentales, así como al silenciar las disposiciones contenidas en los Tratados, Pactos o Convenios Internacionales que regulan el sistema universal de los Derechos Humanos", indica la solicitud de revisión de los fiscales del Ministerio Público.
El 09 de noviembre de 2011, la Sala Constitucional del TSJ declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público, anuló las actuaciones procesales subsiguientes y ordenó la remisión de los expedientes, en consonancia con lo establecido en el artículo 271 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en la que se indica: "(…) No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos".
Así se suprimió la decisión grotesca que amparaba los delitos de lesa humanidad contra Soto Rojas, Rodríguez, Montes, Malaver y Tejera.
Crímenes de lesa humanidad puntofijista
Víctor Soto Rojas, luchador social y revolucionario, fue detenido por efectivos militares adscritos a las Fuerzas Armadas de Cooperación en la población de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, el 27 de julio de 1964, época en la cual gobernaba el presidente adeco Raúl Leoni.
Soto Rojas estuvo detenido en la extinta Dirección General de Policía (Digepol) y luego fue entregado al Destacamento Militar de Cúpira, donde por expresas ordenes del Capitán Héctor Peña Peña, fue lanzado desde un helicóptero. Su restos no han sido hallados.
Felipe Rafael Malaver Moreno, también fue detenido por efectivos de las Fuerzas Armadas de Cooperación en una alcabala móvil ubicada entre los estados Portuguesa y Barinas, el 12 de octubre de 1966. Para esa época Raúl Leoni también estaba frente a la Presidencia.
Malaver Moreno, quien luchaba contra el sistema puntofijista, fue trasladado el 23 de octubre de 1966 al teatro de Operaciones Antiguerrillero número 3 de Urica-El Tocuyo, estado Lara, cuyo Comando era dirigido para entonces por el Coronel Camilo Vethencourt, el teniente coronel Párraga Núñez y el mayor Benigno José Aguilar. Fue secuestrado y desaparecido, y hasta el día de hoy su cuerpo tampoco ha sido encontrado.
El también luchador social Alejandro Tejero Cuenca fue detenido por agentes del Servicios de Inteligencia de la Fuerza Armada, el 11 de mayo de 1967. Tampoco ha sido encontrado.
Noel Gregorio Rodríguez Mata, siendo estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue detenido en la capital venezolana por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Sifa) el 29 de junio de 1973, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, del partido Copei.
A pesar de las múltiples gestiones realizadas por sus familiares, nunca hubo noticias del estudiante de 27 de años de edad hasta principios de 2013, cuando sus restos fueron encontrados en un nicho del Cementerio General del Sur, tras investigaciones del Ministerio Público, que confirmaron que fue sometido a torturas antes de su asesinato.
Nicolás Ezequiel Montes Beltrán -militante de la organización Juventud Comunista de Venezuela (JCV) de la parroquia El Valle, en Caracas- fue otro de los luchadores sociales desaparecidos, víctima de la violación sistemática de los derechos humanos y crímenes perpetrados por el gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984).
Comisión por la verdad
En 2013, dos años después de anularse las decisiones arbitrarias a favor de los crímenes de lesa humanidad del puntofijismo, fue creada la Comisión para la Justicia y la Verdad, cuyas tareas están dirigidas a recabar e investigar información sobre los crímenes, torturas, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, represión que dejó más de 3.000 personas asesinadas y decenas de miles afectadas.
Los principios y atribuciones de la Comisión para la Justicia y la Verdad están establecidos en la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998, promulgada en 2011.
A partir de su creación, unos 140 expedientes relacionados con desapariciones, torturas y masacres ejecutadas en ese período fueron reabiertas por el Ministerio Público, tarea para la cual cuenta con 14 fiscales y expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Humanos.
