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33 años del Caracazo: Un pueblo burlado se rebeló contra el paquetazo neoliberal

El Caracazo tiene su génesis en la política neoliberal imperante en la década de los años 70 y 80 representada en el Fondo Monetario Internacional

Se cumplen 33 años de los hechos violentos del 27 y 28 de febrero de 1989, conocidos como El Caracazo, acción que fue objeto de una represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en especial la Fuerza Armada Nacional (FAN), y la Policía Metropolitana, bajo el mando del entonces presidente Carlos Andrés Pérez quien iniciaba su segundo mandato.

Se centra el presente trabajo en los hechos acaecidos los días 27 y 28 de febrero de 1989 con énfasis en las causas que provocaron el estallido social, analizado por estudiosos del fenómeno del Caracazo, que dejó un saldo lamentable en pérdida de vidas, heridos, daños materiales y sobre todo una huella imborrable en la memoria colectiva de los venezolanos.

El Caracazo tiene su génesis en la política neoliberal imperante en la década de los años 70 y 80 representada en el Fondo Monetario Internacional (FMI); la corrupción estructural presente en la Cuarta República y el empobrecimiento de la población materializada en la escasez y aumentos desproporcionados de los alimentos y los servicios públicos.

Ese 27 de febrero de 1989, millones de personas salieron espontáneamente y sin liderazgo alguno a la calle a protestar contra un paquete de medidas de corte neoliberal anunciadas por el gobierno de Pérez que abarcaba aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal; así como el sometimiento a las condiciones impuestas por el FMI, organismo que prestaría alrededor de 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés financieras en el sistema hasta 30%.

Al respecto, el intelectual Luis Britto García explicó en febrero de 2012, en un análisis sobre el Caracazo que durante la administración de Carlos Andrés Pérez los bancos dejaron de lado su función de «intermediador» con el Estado, para dedicarse a la adquisición de subsidios especulativos, así como jugar en mesas de dinero. Esta situación arrinconó al Poder Popular al momento de solicitar créditos bancarios.

En Caracas la represión se concentró en los barrios más humildes de la capital conocidos como "los cerros".

García afirma que este panorama económico ocasionó que los niveles de inflación superaran el 80% en 1989 según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población. Esto a su vez  ocasionó que cayera abruptamente el índice de consumo para la clase obrera y, dejó como consecuencia, el quiebre de comercios por ventas mínimas.

El 16 de febrero, Carlos Andrés Pérez anunció el contenido del «paquetazo», que incluía el incremento de los precios de bienes y servicios, entre ellos la gasolina lo que potenció la escasez y el acaparamiento de alimentos, así como la amenaza de privatizar las principales empresas fuentes de empleo e ingresos para el país.

Ese lunes 27 de febrero, el Ejecutivo incrementó el costo del pasaje, provocando la indignación y la rabia en millones de personas que sintieron el efecto de las medidas implementadas por el gabinete económico, liderado por el economista Miguel Rodríguez, recordado como Miguel «paquetico» Rodríguez.

En ese contexto, el 27F del 89 los venezolanos sintieron la angustia y desesperanza de cara al futuro ante la aplicación de la receta fondomonetarista impuesta por Pérez, lo que se traducía en el incremento de los costos de los productos de la cesta básica, el aumento del desempleo, los bajos salarios y las condiciones paupérrimas de vida de la gran mayoría.

Asimismo, en los ensayos y artículos reunidos en El Caracazo, publicado en 2014, en la colección «4F. La Revolución de febrero», el periodista Federico Álvarez resume como detonante de la rebelión cívica, la pobreza crítica que superaba para el año 1989, a su juicio, un 30% con niveles de marginalidad situado en más del 50%, «es decir, las dos terceras partes de la población percibía ingresos económicos que bordeaban la frontera de la subsistencia».

Refiere la colección 4F que la modalidad de protesta presente en el Caracazo, el 27 y 28 y días subsiguientes, fue contra los explotadores y opresores de diverso signo. Así el abasto, la carnicería y la camioneta de pasajeros -parte de la vida cotidiana de la gente-  se convirtió en el blanco de la ira de un pueblo acosado por múltiples problemas económicos, derivados de la aplicación de pautas dictadas por organismos foráneos (FMI y BM).

Es así como la acción de los manifestantes se canalizó hacia bodegas y abastos, producto de ello, algunos fueron objeto de saqueos, lo que produjo luego largas colas para adquirir alimentos que ya escaseaban, había temor y miedo en las calles de Caracas. La violencia encarnada en la Fuerza Armada Nacional (Fan), cuerpo que recibió órdenes del gobierno de (CAP), de asesinar, amparados en el toque de queda se entronizó en los barrios de la capital.

El Caracazo, se replicó en los estados Vargas, Mérida y otras ciudades del país, Las manifestaciones fueron controladas en una semana mediante una sangrienta represión desatada contra el pueblo en tiempos de democracia representativa. Cifras oficiales indican que las pérdidas humanas tras los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron de 400 fallecidos, pero los reportes extraoficiales señalan que hubo cerca de mil muertos.

Para el economista y docente universitario, Vladimir Adrianza, (quien ofreció entrevista exclusiva al Sistema Radio Mundial en ocasión de conmemorarse 27 años del Caracazo), el detonante de la rebelión popular se centra en la imposición del paquete de medidas ordenadas por el binomio compuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las directrices emanadas del Consenso de Washington aplicadas en Venezuela por Carlos Andrés Pérez.

Destacó el especialista que durante más de 10 años en el país se acrecentó una situación de empobrecimiento que superaba el 60% de la población, de los cuales un 27% se encontraba en niveles de pobreza extrema e indigencia.

Explica que Venezuela venía de un proceso de endeudamiento gestado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), situación que de acuerdo a su análisis comprometió la soberanía económica  del país. Al asumir la presidencia el también adeco Jaime Lusinchi (1984-1989), para solventar la situación apeló a las reservas internacionales las cuales se “comieron”, apunta Adrianza.

Significó también el despertar de la consciencia en los cuadros medios de la Fuerza Armada Nacional, sobre la situación de desigualdad y miseria que padecía el pueblo venezolano, lo que a su juicio, conllevó al nacimiento de la rebelión cívico-militar del  4-F y el 27 -N ,movimientos que le asestaron un duro golpe al estamento político de la Cuarta República.

A modo de reflexión, Venezuela vive una coyuntura diferente a la planteada en 1989, indica Adrianza, que en 14 años de mandato del comandante  Hugo Chávez se invirtió unos 700 mil millones de dólares -según publicaciones oficiales- a la inversión social traducida en suministro de medicinas, subsidios al transporte público, salarios justos y pensiones homologadas al salario mínimo.

Esta política que privilegia el bienestar del ser humano continúa bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro, con la salvedad que su gestión ha tenido que enfrentar la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea con la anuencia de factores políticos de la ultraderecha venezolana que adversan al proceso revolucionario. Esta situación ha llevado a la caída del ingreso por renta petrolera con la consecuente dificultad para adquirir alimentos y medicinas para el pueblo.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha implementado medidas efectivas para garantizar los alimentos al pueblo como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que nacieron en 2016 como una forma de sortear los estragos de la guerra económica, la especulación y el acaparamiento que han impuesto sectores de la derecha en el país.

En 2019 el Gobierno Bolivariano distribuyo más de 120 millones de cajas CLAP en todo el país. Según cifras oficiales, a través de  los CLAP se distribuyen más de 60.000 toneladas de alimentos y productos básicos a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolanas.

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Fotos: Francisco «Frasso» Solórzano y Nelson Garrido

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