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10 puntos claves para entender acción de Venezuela para defender la soberanía y DD.HH

Cualquiera de los actos que constituya “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, es como define este Estatuto los crímenes de lesa humanidad

El Gobierno Nacional dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 13 de febrero ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, los graves delitos cometidos contra el pueblo a raíz del bloqueo y la imposición de medidas unilaterales y coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos, que además han sido auspiciadas por sectores de la extrema derecha nacional.

El canciller de la República, Jorge Arreaza, acudió ante la fiscalía del CPI, donde dio a conocer que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington desde 2014 constituyen un crimen de lesa humanidad, según lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, por el cual se rige ese tribunal internacional.

Cualquiera de los actos que constituya “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, es como define este Estatuto los crímenes de lesa humanidad.

La acción llevada adelante por Venezuela en defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos del pueblo venezolano tiene 10 aspectos claves para entenderla: 

1.- ¿Por qué ante la CPI? Porque es el tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad. No es lo mismo a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas que trata principalmente las controversias entre Estados.

2.- ¿Qué es el Estatuto de Roma? Instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Es importante destacar que Venezuela fue uno de los primeros países en rubricarlo y ratificarlo en 2002. También como dato curioso, Venezuela se negó a firmar la American Service Members Protection Act, que excluye a oficiales militares y del Gobierno de EE.UU. En contraparte, EE.UU. no ratificó el Estatuto y en consecuencia no forma parte de la Corte Penal Internacional. 

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